La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado las acusaciones de que su ministerio haya interferido en la aprobación de la ley que establece el embargo al comercio de armas con Israel, indicando que el desacuerdo surgido en Sumar ya está resuelto y que el vínculo industrial con Tel Aviv en el ámbito de la defensa ha finalizado.
Desde el Gobierno se ha señalado la intención de presentar la normativa en el Consejo de Ministros la siguiente semana, justificando la demora por la complejidad del asunto y la necesidad de hacer las cosas correctamente. Sin embargo, ciertas fuentes señalan al departamento de Robles como responsable del retraso.
Robles ha aclarado que «no ha puesto absolutamente ninguna objeción» al embargo, destacando que la desconexión militar con la industria de Israel ya se inició anteriormente, y que los productos israelíes serán reemplazados sin afectar las capacidades del ejército. En este contexto, admitió anteriormente una «dependencia tecnológica» de dichos productos.
La ministra mencionó que antes del verano se abordaron ciertos detalles tecnológicos pendientes y que el vínculo con Israel «se ha terminado». «En este momento, a fecha de hoy, ya no hay ningún convenio, ningún contrato ni ninguna relación para las Fuerzas Armadas con el Estado de Israel», explicó Robles.
Respecto a la «desconexión» militar, citó como ejemplo la formación de pilotos y el mantenimiento de cazas, asegurando que estas operaciones ya no dependen de empresas israelíes y que España optará por aviones entrenadores Hürjet de Turquía.
QUE SE APRUEBE LO ANTES POSIBLE
Robles ha reiterado que no existen impedimentos para que el decreto sea aprobado de inmediato, aunque aún no ha confirmado si se presentará en el próximo Consejo de Ministros y mencionó desconocer si otros ministerios deben contribuir con aspectos técnicos. «Defensa ya ha finalizado su parte», señaló.
Anteriormente, Robles negó discrepancias dentro del Gobierno y cuestionó la fuente de ciertas noticias. Desde su ministerio, se ha enfatizado que se trabaja en la desconexión militar con Israel desde hace meses, siempre con responsabilidad. Ya en el pasado, se reconocieron dificultades para implementar el embargo.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha enfatizado que la rescisión de contratos debe ejecutarse correctamente para evitar «consecuencias y multas» y aseguró que el compromiso del Gobierno es implementar el embargo «sin ninguna duda».
Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso, ha urgido al Gobierno a aprobar la ley, expresando su desconcierto por la demora y solicitando que las discrepancias entre ministerios se «solucionen».