Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha manifestado su expectativa de contar con el índice de referencia para limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas vascas hacia finales del presente mes de septiembre.
Esta respuesta fue dirigida a Oskar Matute, diputado de EH Bildu, quien expresó su preocupación por la falta de disponibilidad actual de dichos índices. Rodríguez detalló que un grupo de trabajo integrado por expertos y entidades está en proceso de reunión, y proyecta que el índice esté listo para su implementación al finalizar el mes.
Por otro lado, la ministra expresó su inquietud por los desafíos pendientes en Álava y Vizcaya, pero se mostró confiada en la capacidad de las diputaciones forales para llevar a cabo estas medidas. Durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, enfatizó: «El Gobierno está haciendo todo lo que está en nuestras manos y la declaración de zonas tensionadas y la aplicación de estos índices son un instrumento más, pero no el único que estamos poniendo en marcha».
Adicionalmente, Rodríguez destacó la efectividad de estas políticas en la reducción de los precios de alquiler en Cataluña, y su extensión a otras comunidades, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular, como Galicia, gracias a iniciativas de ayuntamientos socialistas en A Coruña y del BNG en Santiago.
En un debate posterior con el Partido Popular (PP), Rodríguez hizo referencia a una afirmación de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre la necesidad de más vivienda protegida y regulación para contrarrestar fenómenos como los pisos turísticos, destacando la alineación de estas recomendaciones con las políticas del Gobierno español. En respuesta a las críticas del diputado del PP, Sergio Sayas, sobre el incremento de los precios y la pérdida de viviendas de alquiler, Rodríguez subrayó el aumento de los precios en zonas gobernadas por el PP donde no se aplican las leyes de vivienda y desafió a la formación a asumir responsabilidades y apoyar la propuesta gubernamental de aumentar las inversiones en vivienda y mejorar la transparencia en el sector.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, Rodríguez aclaró que esta es una responsabilidad compartida con las comunidades autónomas, a las cuales el Ministerio transfiere el 90% de su presupuesto, sugiriendo que cualquier cuestionamiento sobre la gestión de estos fondos debería dirigirse a los parlamentos autonómicos.