El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una crítica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de emplear el 55% de los fondos trasferidos por el Gobierno central en beneficios fiscales para las élites económicas y en contrataciones con empresas relacionadas con personas cercanas a su entorno, como su pareja, Alberto González Amador, procesado por delitos fiscales y de falsificación.
En su discurso durante el encuentro del Grupo Socialista, Sánchez ha reprochado a la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, por no invertir estos recursos en la contratación de personal médico, la modernización de infraestructuras educativas o la ampliación de plazas en residencias de ancianos en regiones gobernadas por el PP, incluyendo Madrid. En cambio, ha señalado que se favorece la privatización de servicios y la desviación de fondos públicos hacia grandes corporaciones afines y exenciones fiscales para los más acaudalados.
El presidente ha destacado el incremento de la asignación financiera a Madrid durante su administración, que asciende a 130.000 millones de euros entre 2019 y 2025, una cifra que supera en 43.000 millones de euros lo que fue asignado durante el mandato de Mariano Rajoy. A su vez, ha criticado que Ayuso haya canalizado solo el 45% de estos fondos a servicios públicos, mientras que el resto se ha redirigido mediante beneficios fiscales a las grandes fortunas.
Sánchez también ha mencionado que Ayuso ha destinado ‘5.000 millones de euros’ en contratos con la empresa Quirón y otros contratos por ‘1.000 millones de euros’ a diversas empresas, lo que ha representado un lucrativo negocio para personas como González Amador, cuyos ingresos se incrementaron notablemente. Este manejo de los fondos, ha subrayado, es perjudicial para los ciudadanos de Madrid, a quienes les resulta cada vez más difícil acceder a servicios médicos y educativos.
Finalmente, Sánchez ha extendido su crítica a otros gobiernos del PP en Andalucía, Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana, acusándoles de favorecer a un reducido grupo de privilegiados con los fondos estatales, al tiempo que rechazan medidas que podrían aliviar financieramente a las regiones que gobiernan.