El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los grupos parlamentarios a abordar en este semestre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aunque ha evitado precisar si, mientras tanto, tiene intención de desclasificar documentación aún más antigua que la relativa al intento de golpe de Estado de 1981 que el Ejecutivo ha hecho pública este martes.
Durante la sesión de control celebrada en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha denunciado que siguen bajo la categoría de secreto de Estado los documentos vinculados a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una actuación policial que terminó con cinco sindicalistas muertos; las cargas de la Policía en los Sanfermines de 1978; el caso (Mikel) Zabalza, un ciudadano fallecido bajo tortura en 1985; las acciones de "guerra sucia" del Batallón Vasco Español en la Transición y las del GAL durante los años de Gobierno socialista de Felipe González.
Aizpurua ha sostenido que, con la desclasificación de los documentos del 23F, el Gobierno de coalición ha evidenciado que, cuando existe voluntad política, el Consejo de Ministros puede levantar la reserva sobre otros expedientes, incluso anteriores, sin necesidad de esperar a la modificación de la Ley de Secretos heredada del franquismo.
Bildu reclama desclasificar todos los documentos pendientes
"Usted dijo que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos --ha dicho--. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad, no nos la niegue. Desclasifique la impunidad".
Sánchez, sin embargo, no ha despejado qué ocurrirá con esos archivos y ha remitido su respuesta al proyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno aprobó en julio del año pasado y que permanece atascado en el Congreso por la falta de apoyos suficientes. Formaciones como el PNV o Bildu consideran que el texto se queda corto porque, como ha recordado Aizpurua, es imprescindible actualizar la normativa de 1968, pero "no para sustituirla por otra que mantenga los secretos y la impunidad durante hasta 60 años más".
El jefe del Ejecutivo ha defendido que la iniciativa legislativa impulsada por el Ministerio de la Presidencia permitiría derogar la actual ley preconstitucional y fijar "un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión", situando a España "al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales". Por ello ha animado a las formaciones a aprovechar el actual periodo de sesiones, que concluye en junio, para completar la tramitación parlamentaria del proyecto.
El Gobierno reivindica la desclasificación del 23F
Por último, el presidente ha puesto en valor la desclasificación de los documentos del 23F acordada por su Gabinete, recalcando que se trata de "un gran día para democracia" y que con esta decisión se salda "una deuda no solamente con los investigadores que quieren arrojar luz sobre hitos de la historia de nuestro país, sino también con el conjunto de la ciudadanía".
En términos similares se ha expresado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso, al afirmar que la difusión de estos papeles sobre la intentona golpista de 1981 permite "saldar una deuda con la democracia, con la memoria, con la transparencia".
"Hoy los ciudadanos españoles podrán conocer toda la democracia que tiene el Estado, que custodia sobre el 23-F, que curiosamente fue un golpe de Estado que trató de acabar con la democracia y que acabó consolidando en nuestro país un sistema democrático", opina.
El ministro ha subrayado que la actual normativa sobre secretos, de 1948, no imponía al Gobierno la obligación de hacer públicos estos documentos, ya que posibilita que determinadas materias permanezcan clasificadas "para siempre", y por ello ha reiterado que su "prioridad" es que las Cortes aprueben la nueva Ley de Información Clasificada para tratar a la ciudadanía como "mayores de edad".
A partir de ahí, con el resto de asuntos, por supuesto, lo que es prioridad para el Gobierno es aprobar la nueva ley de información clasificada, una ley democrática, europea, con estándares occidentales, al hilo y en línea con todas las legislaciones de todos los países de nuestro entorno, y aplicaremos esa ley cuando esté en vigor.