La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado que "todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes puedan regularizar su situación" y ha urgido a "solventar problemas administrativos" que puedan lastrar el despliegue de la norma. "Si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema", ha avisado.
En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha recalcado que "lo que quiero es que todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real decreto puedan regularizar su situación, porque este es el objetivo de cualquier norma, poder desplegar todos sus efectos". A su juicio, es imprescindible "garantizarlo, no ponerlo por un lado y por otro que haya una serie de problemas" y, si ya se conocen incidencias, "intentemos solventarlos".
Martínez ha puesto en valor que, con el Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes, "más de 500.000 personas que viven en España" podrán "tener papeles para regularizar su situación". Según ha remarcado, "lo que esto quiere decir España avanza en derechos" y ha subrayado que estas personas, "nuestras vecinas, que trabajan, que pagan impuestos, que construyen país cada día, van a poder vivir sin miedo. Sin miedo a una identificación y a ser expulsadas solo por no tener papeles".
La dirigente de Sumar ha recordado que la medida "ha sido posible gracias a más de 900 organizaciones que se han dejado la piel para conseguir más de 700.000 firmas" y ha agradecido igualmente "el trabajo en el Congreso" y la implicación de los ministros. "Hemos dialogado, hemos negociado y hemos empujado para que este avance sea una realidad" porque, ha dicho, "esta regularización también va de eso, va del país que queremos ser". En su opinión, supone "un paso adelante en derechos, en justicia social y en democracia".
En este contexto, ha cargado contra Vox y el Partido Popular, a los que ha reprochado que hayan pasado "de votar a favor de la tramitación de la ILP a difundir mentiras y bulos contra la misma". A su entender, "Feijóo y el PP han apostado por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país".
Preguntada por un posible endurecimiento de los requisitos del decreto, Sumar ha reiterado que la "regularización de personas migrantes es una cuestión que por derecho se tiene que producir". Ha recordado que "son personas que ya están trabajando, que pagan impuestos en España cada vez que van a comprar al supermercado, por ejemplo" y ha insistido en que el objetivo es que "el Real Decreto cumpla con su cometido que es garantizar que esas 500.000 personas, que era el objetivo inicial de la ILP, puedan regularizar su situación".
Por ello, ha explicado que su grupo ha defendido expresamente la ampliación de plazos y un "refuerzo de los servicios de extranjería para atender la tramitación de las solicitudes". Ha recalcado que "la norma pretende una regularización, lo dice en su exposición de motivos, y luego, si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema".
Sumar advierte del impacto de la huelga en Extranjería
En este punto, Martínez se ha referido al anuncio de Comisiones Obreras de convocar una huelga en las oficinas de extranjería. A su juicio, "esto parece evidente que podría perjudicar a ese proceso", aunque ha manifestado su "respeto y apoyo a las huelgas de todos los trabajadores, sean trabajadores públicos o trabajadores de las empresas privadas".
Ha defendido que "lo que tenemos que garantizar es que los trabajadores y trabajadoras de las oficinas de extranjería puedan realizar su trabajo de manera razonable y que todas las personas que quieran presentar la documentación para regularizarse puedan hacerlo" y ha apuntado que "hay muchas maneras de conseguirlo".
Por todo ello, ha reclamado que "la propia norma llegue a su finalidad" y ha explicado que Sumar está negociando "con todos los grupos parlamentarios", salvo con el PP "porque no permite ni un intercambio ni de pareceres, ni de datos, ni de nada".
Martínez ha expresado su deseo de que el texto definitivo "no limite la posibilidad de todas las personas que no tienen antecedentes penales para conseguir la regularización, porque entonces habríamos errado". Ha reiterado que la meta es que "se regularicen todas las personas que no tienen esos antecedentes" y ha advertido de que "problemas administrativos o de plazos no deberían obstar a que una persona pueda regularizar su situación para vivir con plenos derechos en un país".
Comuns ofrecen sus sedes para apoyar la regularización
La coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha compartido la preocupación por la falta de medios para aplicar el decreto y ha señalado que seguirán de cerca "cómo evoluciona todo para ver si es necesario ampliar las Oficinas de Extranjería para que puedan llegar a más gente y de forma más rápida".
En esta línea, ha avanzado que su formación está "estudiando la posibilidad de poder utilizar sus sedes como espacios" para "pedir información y facilitar los trámites que puedan acontecer", si bien ha precisado que la regularización en sí "debe hacer en los sitios oficiales". Así lo ha explicado en una comparecencia en el Congreso.
Vidal también ha mostrado inquietud ante la intención de Partido Popular y Vox de llevar la regularización al Tribunal Constitucional. Ha considerado que "es una práctica que les acerca, obviamente, a sus aliados como Trump, Netanyahu y compañía" y ha confiado en que el TC "termine sentenciando aquello que todos y todas sabemos, y es que son nuestros vecinos, son ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, deben tener los mismos derechos que cualquier otro".
Por este motivo, ha pedido a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que "no pongan trabas administrativas" y que valoren movilizar "menos recursos para poder tramitar la regularización". "Nos preocupa que el Partido Popular pueda poner trabas a esto", ha añadido, instando al Gobierno y al resto de grupos a mantenerse vigilantes.
Pese a las dudas sobre la implementación, Vidal ha celebrado la aprobación del decreto: "Es lo oportuno, lo idóneo, lo correcto para nuestro país. Son más de medio millón de personas, no sabemos exactamente cuántas se van a poder atender a ella, pero sin duda son gente que ya vive y trabaja entre nosotras y que, por lo tanto, será un elemento que les debíamos y que es de corrección democrática, por decirlo así".
En la misma línea, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita ha aplaudido la regularización de personas migrantes, a la que ha calificado como "victoria social fruto de la movilización de decenas de entidades y asociaciones".