Sumar pone en duda que los dueños de una única vivienda en alquiler queden fuera de la suspensión de desahucios, aunque finalmente se inclina por aceptar el pacto cerrado entre el PSOE y el PNV para introducir esta excepción, asumiendo la compleja aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante el decreto del llamado escudo social.
Dentro del socio minoritario del Gobierno, a varios dirigentes no les convence dejar fuera de la moratoria antidesahucios a los pequeños propietarios. No obstante, el portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, sostiene que no se puede hacer política a base de “líneas rojas”, reprochando precisamente esa actitud a Podemos, al que pide evitar “palabras gruesas” contra ese acuerdo.
Todo esto llega después de que el Ejecutivo decidiera en el Consejo de Ministros dividir el anterior decreto ‘ómnibus’ en dos normas: una centrada en la revalorización de las pensiones y otra que agrupa el resto de medidas sociales, entre ellas la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.
“Presiones” y negociación sobre la moratoria antidesahucios
El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha valorado de forma positiva ante los medios en el Congreso que finalmente se hayan aprobado dos decretos y que, en el relativo al escudo social, se mantenga la suspensión de lanzamientos.
Además, ha denunciado que el Gobierno recibió “presiones” en las últimas horas, sin concretar de dónde procedían, para que la prohibición de desahucios se llevara en un único decreto y de manera aislada, algo “inaceptable” para Sumar porque, a su juicio, habría facilitado a la derecha la posibilidad de tumbar la medida.
Por ello, ha celebrado el acuerdo con el PSOE alcanzado esta mañana, tras una negociación intensa, para que la moratoria antidesahucios se integre en el bloque del resto de medidas sociales, proclamando que la derecha ya no tiene “excusas” para votar en contra de este decreto en el Congreso.
Urtasun ha detallado también que se han introducido dos “ajustes” en el “escudo antidesahucios”: por un lado, que las personas que sufran un lanzamiento tengan acceso preferente a vivienda social; y por otro, la excepción pactada con el PNV para que la prohibición no se aplique a propietarios con una sola vivienda en alquiler, que representan una parte “muy pequeña” del mercado inmobiliario.
En consecuencia, ha defendido que “el grueso de la medida y la protección a estas familias se mantiene” y ha llamado a todos los grupos, incluidos Junts y Podemos, a no fallar a la ciudadanía.
Dificultades para armar mayorías y críticas a Podemos
En otra comparecencia en el Congreso, el portavoz de Vivienda y diputado de Compromís ha reconocido que la exención a los pequeños caseros no le gusta e incluso le parece reprochable, pero ha pedido entender que existen “negociaciones cruzadas” y que en esta legislatura “confeccionar mayorías es difícil”.
Por ello, ha reclamado “calma” a Podemos, que cargó contra el pacto entre PSOE y PNV, recordando que toda negociación implica “contraprestaciones” y que, en este caso, se compatibiliza la protección social con la exclusión de los pequeños propietarios y la ausencia de beneficios fiscales para los caseros.
Por su parte, el portavoz de Exteriores del grupo plurinacional, Agustín Santos, ha remarcado que el problema de la vivienda no reside en los pequeños propietarios, sino en los grandes tenedores.
En esta línea, ha considerado que es “relativamente fácil” garantizar que los apoyos sociales a las familias vulnerables, es decir, la suspensión de desahucios, sean “compatibles” con los derechos de los unipropietarios. También ha puesto en valor que el PNV ha sido un aliado constante del Gobierno durante la legislatura.
Mientras, el dirigente de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha insistido en que “es absolutamente imprescindible” que el escudo social salga adelante, aunque ha reprochado que no se entienda el empeño del PSOE en someterlo a votación cada año en lugar de dotarlo de carácter permanente.
Asimismo, ha criticado que estas medidas sociales se vean sometidas a la “agonía” de esperar a su aprobación “en el último momento” y se dé margen a los partidos de la derecha, a los que ha tildado de “antiespañoles”, para “hundir el escudo social” con “cualquier excusa”.
Sumar presiona a Junts y PP y defiende el nuevo decreto social
Fuentes de Sumar se muestran confiadas en conseguir los apoyos necesarios para convalidar tanto el decreto de pensiones como el del escudo social, y avanzan que se abrirá una negociación con Junts para tratar de lograr su voto favorable. En cuanto a Podemos, no creen que los ‘morados’ vayan a maniobrar para tumbar el paquete de medidas sociales, pese a su rechazo al acuerdo entre PSOE y PNV.
Estas mismas fuentes explican que el troceo del decreto ‘ómnibus’ se acordó con el PSOE y que se decidió agrupar íntegramente el ‘escudo social’, manteniendo dentro las medidas antidesahucios a pesar de las presiones para separarlas en una norma aparte.
Han recalcado que su posición era firme y que no aceptaban que el Ejecutivo desligara la moratoria de desahucios del resto del escudo social, porque ello hubiera permitido a la derecha votar en contra de esa parte. Finalmente, el paquete se someterá de nuevo a votación en bloque con vistas a su convalidación en el Congreso.
Según Sumar, este segundo decreto incorpora ayudas para la dana y para los afectados por los incendios del verano, mejoras en la jubilación de los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables o cortarles los suministros básicos, tal y como venía reclamando la formación.
Para el socio minoritario del Gobierno, el PP “ya no tiene excusas” para oponerse a las pensiones, y el resto de fuerzas del Congreso, con una referencia implícita a Junts, deberán decidir si respaldan unas medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que se aplican desde la pandemia.
Compromís pide un escudo social permanente
La diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha criticado la estrategia del Ejecutivo de agrupar en un decreto ‘ómnibus’ distintas medidas, porque obliga a los aliados parlamentarios a elegir entre “susto o muerte”. Por eso no ve problema en que se haya optado por dividirlo en dos decretos y reclama también que el escudo social se convierta en una política estable y permanente.
Sobre el acuerdo entre el PSOE y el PNV, Micó considera que existe “margen de negociación” para armonizar los derechos de quienes ponen en alquiler una vivienda con la protección de las familias vulnerables. “No es lo mismo un gran tenedor, que no es lo mismo un fondo buitre que un pequeño propietario que pueda poner en alquiler una única vivienda”, ha remachado.