QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal de Cuentas ha decidido incluir en su agenda de auditorías un nuevo informe sobre los fondos públicos utilizados para la inmigración «ilegal». Esta decisión viene tras la petición realizada por las Cortes, con el apoyo de Vox y el PP, para que se analice cómo se distribuyen estos recursos por parte de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Según han informado fuentes del Tribunal a Europa Press, el órgano revisará la solicitud y determinará cómo se ajusta a sus funciones y posibilidades antes de integrarlo en su Programa Anual de Fiscalizaciones.
La Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas dio luz verde, el pasado martes 7 de octubre, a una iniciativa de Vox que reclama este examen. La propuesta logró una mayoría de votos con el apoyo de PP y Vox, mientras que PSOE y sus aliados votaron en contra, sin abstenciones registradas.
Originalmente, Vox había presentado dos peticiones de fiscalización, pero finalmente solo se aprobó la relacionada con la «inmigración ilegal», excluyendo la gestión de menores extranjeros no acompañados. Este movimiento fue criticado por Vox, quienes argumentan que tanto el PP como el PSOE ocultan los costes reales de la inmigración ilegal mediante prácticas de opacidad administrativa.
