La iniciativa para modificar el Reglamento del Congreso, impulsada por el PSOE y sus socios con el fin de imponer sanciones a periodistas acreditados que interfieren en las labores parlamentarias y de prensa, ha progresado este martes cuando se descartaron las propuestas alternativas de PP y Vox. Estos partidos argumentan que ya existen normativas que otorgan facultades a la presidencia de la Cámara para preservar el orden público en sus instalaciones y acusan a la reforma de buscar silenciar a los medios críticos.
Esta proposición de ley, motivada por varios incidentes con periodistas de medios digitales, busca regular la renovación de credenciales y establecer un régimen sancionador para aquellos que dañen la operatividad de la institución o a otros medios. Con el apoyo de grupos como Sumar, ERC, y otros, busca atender las demandas de colectivos periodísticos que exigen medidas contra «comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo», enfocándose en contrarrestar a «activistas de ultraderecha» en conferencias de prensa.
UN CONSEJO DE DIPUTADOS Y COLECTIVOS PROFESIONALES
La reforma propone crear un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que sugerirá sanciones, aunque la decisión final recaerá en la Mesa del Congreso. Se exigirá a los informadores respetar las normas de cortesía y no realizar grabaciones sin acreditación, entre otras directrices. Las infracciones podrían llevar a la suspensión o revocación definitiva de las credenciales.
El Pleno del Congreso, que consideró esta proposición el 20 de mayo, debatió y rechazó las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox, que solo obtuvieron 166 votos frente a los 174 de los partidos proponentes. Tras esta votación, la reforma continúa su trámite y se espera que los grupos presenten sus enmiendas parciales para una próxima discusión en comisión y posterior debate en el pleno.
PP: LA PRESIDENTA YA TIENE MEDIOS PARA EXPULSAR A ALBOROTADORES
La alternativa del PP, defendida por Cayetana Álvarez de Toledo, busca mantener el control actual sobre las acreditaciones, argumentando que la Presidencia del Congreso ya tiene las facultades necesarias para mantener el orden. Por otro lado, Vox rechaza la regulación del derecho de información y propone eliminar el uso de lenguas cooficiales y otras medidas en su enmienda de totalidad.