El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas por valor de más de 7.000 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por las inundaciones y borrascas en distintos municipios de Andalucía y Extremadura. El paquete incluye ayudas directas a familias desalojadas, refuerzo de indemnizaciones, apoyo fiscal, medidas laborales y un plan específico para agricultura, pesca y ganadería.
150 euros por persona y día para los desalojados
La norma contempla una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para los más de 12.400 ciudadanos desalojados por los temporales, con carácter retroactivo desde el inicio del desalojo. Un hogar de cuatro miembros que haya permanecido diez días fuera de su vivienda podrá percibir 6.000 euros. Esta compensación será compatible con otras ayudas, como las destinadas a daños en vivienda.
Además, el Real Decreto-ley cuadruplica las indemnizaciones por fallecimiento —hasta 72.000 euros— y por incapacidad, así como las ayudas por daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de propietarios y establecimientos industriales, mercantiles o de servicios. En el caso de destrucción total de la vivienda, la indemnización pasa de 15.120 a 60.480 euros; y por daños en enseres, de 2.580 a 10.320 euros. Se eliminan los umbrales de renta para acceder a ayudas por daños o destrucción de vivienda.
Las ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades, no computarán como ingreso para el Ingreso Mínimo Vital y podrán solicitarse de forma anticipada mediante declaración responsable, con el abono del 50% antes de la tramitación completa.
Fondo de 2.000 millones para la reconstrucción municipal
El Gobierno moviliza también un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para que los ayuntamientos afronten la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales y servicios públicos esenciales. Las ayudas podrán anticiparse al 100% de su importe para los consistorios que lo soliciten.
También se flexibiliza la regla de gasto para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en los límites establecidos y se permitirá a las entidades locales utilizar su superávit de 2025. Se amplían, además, los plazos legales para ejecutar obras de reconstrucción.
El plan incorpora un programa de empleo dotado con 50 millones de euros para reactivar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.
Exenciones fiscales y apoyo a autónomos y empresas
El paquete de medidas incluye exenciones en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades para todas las ayudas, exención del IBI a inmuebles rústicos y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en las zonas afectadas. El impacto de estas medidas fiscales se estima en 320 millones de euros.
La Agencia Tributaria desplegará ayudas directas para personas físicas, empresarios y profesionales con actividades no agrarias. Las personas físicas podrán recibir 5.000 euros, con abonos a partir del 19 de marzo de 2026. En el caso de empresas, las ayudas oscilarán entre 10.000 y 150.000 euros según volumen de operaciones.
El ICO pondrá en marcha una línea de avales para las víctimas de la borrasca y se habilita un tramo de avales, hasta un máximo de 250 millones de euros, para cubrir financiación de empresas y autónomos. El Consorcio de Compensación de Seguros gestionará las indemnizaciones por tratarse de un evento extraordinario.
Más de 2.800 millones para agricultura, pesca y ganadería
Por su parte, el sector primario contará con un paquete superior a 2.800 millones de euros. Se aprueban ayudas directas por pérdida de renta, subvenciones adicionales a titulares de seguros agrarios y apoyo a armadores afectados, que suman 2.174 millones. También se habilita una línea de financiación de 100 millones de euros que asumirá el 15% del principal de los créditos solicitados por agricultores y pescadores, así como el coste de los avales.
Al mismo tiempo, se reduce de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario y a la renta agraria, se establece una ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario y se activan avales ICO-MAPA-SAECA por 100 millones de euros para explotaciones afectadas.
Asimismo, se destinan 600 millones de euros para reparar caminos e infraestructuras agrarias y regadíos a través de Tragsa y Seiasa, y otros 600 millones para costas y cauces, de los que 400 millones irán a ayuntamientos para reconstrucción de infraestructuras hidráulicas y playas.
Medidas laborales y protección social hasta mayo de 2026
Para los trabajadores autónomos se establece una prestación por cese de actividad hasta el 31 de mayo de 2026, sin exigir periodo mínimo de cotización y sin que compute para futuras prestaciones.
Las empresas afectadas podrán acogerse a ERTE por fuerza mayor, con exenciones en las cotizaciones sociales para trabajadores con actividad suspendida o reducida. Se establece un “coste cero” en cotizaciones para mitigar la falta de ingresos y la prohibición del despido en empresas beneficiarias. También se aprueban aplazamientos y moratorias en obligaciones con la Seguridad Social y se garantiza la protección por desempleo para empleados del hogar.
El Real Decreto-ley se aplicará en los municipios que hayan sufrido desalojos o cuya magnitud de daños comprometa su capacidad financiera para afrontar la reconstrucción. El Ministerio de Política Territorial determinará en el plazo de un mes las zonas afectadas