El alcalde de Badalona, el 'popular' Xavier García Albiol, ha alertado en el Senado de que la Ley estatal de Vivienda está generando “inseguridad jurídica” y favoreciendo que numerosos pisos se retiren del mercado del alquiler, mientras que la alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa Romero, ha defendido su aplicación y ha acusado a la Comunidad de Madrid de bloquearla mediante un “tapón ideológico”.
Ambos responsables municipales han confrontado sus visiones sobre la norma durante sus intervenciones en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Alta, donde han expuesto dos modelos opuestos en cuanto a la regulación del mercado, el papel de las administraciones públicas y las respuestas a la crisis de acceso a la vivienda.
Albiol ha reclamado reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, acelerar la tramitación de licencias urbanísticas y revisar aquellas medidas regulatorias que, a su entender, están reduciendo la oferta disponible. Testa, por el contrario, ha apostado por ampliar el parque público, frenar la especulación inmobiliaria y aplicar límites a las rentas del alquiler.
La regidora de Alcorcón ha sostenido que, en los territorios donde se aplica la ley estatal, se observan descensos en los precios del alquiler y ha citado como ejemplo Barcelona, donde ha asegurado que han caído un 4,9 por ciento, frente al incremento cercano al 10 por ciento registrado en Madrid en el mismo periodo. “Estamos viendo dos modelos: el modelo de lo público y el modelo de todo vale”, ha afirmado.
Albiol: la regulación “expulsa” vivienda del mercado
Albiol ha avisado de que mantener el actual marco normativo seguirá dificultando el acceso a la vivienda para la población joven. “Se está expulsando de manera espectacular a la gente joven del mercado del alquiler”, ha afirmado.
En esta línea, el alcalde ha defendido que las políticas vigentes están logrando “todo lo contrario” de lo que buscan, al disminuir la oferta de pisos disponibles. “Existe una inseguridad jurídica importantísima que lo que está provocando es que cada día se retire más vivienda del mercado”, ha señalado.
También ha rechazado que el principal problema del alquiler sean los grandes tenedores y ha insistido en que el 92 por ciento del parque arrendado está en manos de pequeños propietarios. “El gran problema es que no hay seguridad jurídica para esas familias que tienen uno o dos pisos y quieren ponerlos en alquiler. Hay gente que ya no quiere alquilar”, ha subrayado.
Asimismo, ha puesto en duda la utilidad de las zonas tensionadas previstas en la ley estatal, asegurando que en Badalona los precios han seguido aumentando “una media del 5 por ciento anual” pese a su declaración. “La evidencia me ha demostrado que me equivoqué”, ha reconocido.
Albiol vincula la presión sobre la vivienda a la inmigración irregular
En otro momento de su intervención, Albiol ha relacionado parte de la presión sobre el acceso a la vivienda con la llegada de personas en situación irregular y ha criticado la política migratoria del Gobierno central.
Según ha indicado, la apertura de fronteras “sin control” provoca que algunas personas terminen residiendo en pisos ocupados, lo que, a su juicio, agrava los problemas de convivencia.
En este contexto, ha advertido de que los ayuntamientos están “colapsados” en la gestión del padrón municipal y ha defendido que en Badalona no se permite el empadronamiento en dependencias municipales. “Han abierto las puertas sin ningún tipo de control”, ha afirmado.
Del mismo modo, ha reiterado que no permitirá que personas que ocupen viviendas de forma conflictiva accedan antes a vivienda pública que otros vecinos que llevan tiempo en las listas de espera.
Frente a esta postura, Testa ha defendido que el padrón municipal es una herramienta “garantista imprescindible para asegurar el acceso a derechos básicos”.
Además, ha advertido de que el encarecimiento del mercado residencial está expulsando también a familias migrantes que llevan años asentadas en municipios del área metropolitana madrileña.
Testa acusa a Ayuso de “bloquear” la aplicación de la ley
Testa ha reivindicado la utilidad de la Ley estatal de Vivienda y ha responsabilizado al Ejecutivo regional madrileño de frenar su despliegue en municipios como Alcorcón. “Hay un tapón ideológico en la Comunidad de Madrid, que no colabora con el Estado ni con los ayuntamientos”, ha afirmado.
Ha explicado que la puesta en marcha de la norma permitiría limitar los precios del alquiler durante tres años mientras se incrementa el parque público y movilizar hasta mil millones de euros en políticas de vivienda en la región.
“La ley estatal nos permitiría regular los precios mientras hacemos vivienda pública, pero no llega a Alcorcón ni a muchísimos municipios”, ha lamentado.
La alcaldesa ha defendido, además, la necesidad de intervenir el mercado para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. “Me niego a llamar mercado lo que no lo es. Los derechos sociales no se venden ni se compran en un mercado”, ha señalado.