QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El partido EH Bildu ha introducido en el Congreso una propuesta de ley que busca impedir que las plataformas promocionen y gestionen propiedades turísticas ilegales desprovistas de licencia o número de registro.
Con esta iniciativa, los ‘abertzales’ aspiran a controlar el aumento desmedido de los alojamientos turísticos, que ha tenido ‘nefastas consecuencias’ al contribuir a la gentrificación y a la expulsión de residentes, además de fomentar el turismo masivo.
El partido señala que las autoridades locales y autonómicas enfrentan limitaciones para regular estos apartamentos, debido a la escasez de recursos o a una evidente permisividad en ciertos casos.
Los arrendadores han continuado ofreciendo y gestionando propiedades sin las licencias necesarias, promoviendo así el crecimiento incontrolado del mercado ilegal de estos alojamientos. Por ello, la nueva ley también impondría a las empresas y plataformas la obligación legal de prevenir la oferta de alojamientos ilegales.
Aunque las normativas locales continuarán aplicándose, las plataformas deberán asegurarse de que los alojamientos que promocionan dispongan de las licencias o registros apropiados, según las leyes locales o autonómicas.
Actualmente, los anuncios irregulares solo se eliminaban tras ‘complejos procesos judiciales’ o por solicitud voluntaria a estas plataformas. La nueva legislación demanda que estos no se publiquen si no cumplen con los estándares legales, lo cual es visto como la manera ‘más rápida y efectiva’ de erradicar los alojamientos ilegales y evitar su reincorporación al mercado.
PROPUESTAS DE MULTAS
La ley también establecería un sistema de sanciones para las empresas que infrinjan los mandatos de la normativa, incluyendo la publicación y contratación de alojamientos ilegales y el uso de registros falsos o la ocultación de la identidad de los arrendadores.
Las penalizaciones podrían alcanzar hasta un millón de euros para aquellos que permitan la contratación de viviendas turísticas sin los permisos necesarios.
Esta regulación se apoyaría en herramientas y mecanismos previstos en la legislación europea y nacional, como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos y el Reglamento UE sobre intercambio de datos en el sector del alquiler de corta duración.
