Bildu rechaza la rebaja masiva de impuestos por favorecer a petroleras y energéticas

Bildu carga contra la rebaja fiscal del decreto anticrisis, que ve como un regalo a petroleras y energéticas, y reclama un mayor escudo social.

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Bildu ha arremetido contra la rebaja generalizada de impuestos incluida en el decreto anticrisis aprobado este viernes por el Consejo de Ministros extraordinario, destinado a mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, y advierte de que esta decisión únicamente servirá para aumentar los beneficios de las grandes compañías energéticas y petroleras.

Según lo anunciado por el presidente Pedro Sánchez, se reducirá el IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo al 10%. La izquierda abertzale rechaza esta medida porque, tal y como subrayan fuentes de la formación, la bajada de impuestos no se acompaña de ningún mecanismo de control de precios.

De este modo, Bildu considera que la rebaja fiscal no impedirá nuevos incrementos "especulativos" en los precios ni en los márgenes de beneficio de las grandes empresas petroleras y energéticas, tal y como, recuerdan, ya sucedió durante la guerra en Ucrania. "No deben repetirse recetas que ya se han demostrado fallidas", sostienen.

Al mismo tiempo, la coalición abertzale reivindica haber conseguido incorporar al decreto tres medidas de protección social que exigieron al Ejecutivo: la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de los cortes de suministros básicos y la puesta en marcha de un mecanismo de apoyo específico para la industria electrointensiva.

Bildu reclama un escudo social y un reparto justo

Pese a estos avances, los independentistas vascos consideran que las medidas pactadas se quedan cortas y aseguran que seguirán presionando para articular un escudo social y económico "que proteja a la mayoría social trabajadora, a la industria y a los sectores más golpeados por la guerra".

En un escenario marcado por la incertidumbre, Bildu defiende que resulta imprescindible garantizar "un reparto justo" de la riqueza. Para ello, juzga prioritario reforzar la protección social y la política de vivienda, con iniciativas como la prórroga de los contratos de alquiler y de las cuotas hipotecarias variables, así como la limitación de precios y beneficios empresariales, el apoyo decidido a la industria, el impulso de la transición energética hacia fuentes renovables y la implantación de una fiscalidad "justa" que obligue a las grandes corporaciones a contribuir más ante la crisis.