El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está citado el próximo miércoles ante la Comisión Constitucional del Congreso para abordar alrededor de una quincena de asuntos, en su mayoría impulsados por los grupos de la oposición. En el orden del día figura también una intervención a petición propia para informar sobre el grado de cumplimiento del Plan Normativo del Gobierno para 2025 y sobre su labor en materia de defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional.
Entre las solicitudes del PP destaca una relativa al supuesto "fracaso" del Ejecutivo en la ejecución del Plan Normativo de 2024. Los 'populares' pretenden que el ministro concrete qué iniciativas prevé poner en marcha para "garantizar una planificación normativa más rigurosa en el futuro".
El Grupo Popular aprovechará igualmente la sesión para reprochar al Gobierno y, en particular, al presidente Pedro Sánchez, su "declarada intención" de "gobernar sin el Parlamento". En este contexto, pedirán explicaciones sobre los "matices" a los que alude Moncloa para "justificar el incumplimiento de los mandatos explícitos contenidos en la Constitución española", entre ellos la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
Además, el PP, que acusa al Ejecutivo de "ocultar" informes sobre España elaborados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, pretende que Bolaños aclare por qué el Gobierno se resiste a acatar en su totalidad las recomendaciones formuladas por este organismo internacional.
Reforma del CIS y ley de Información Clasificada
Otra de las materias sobre las que se espera que se pronuncie Bolaños son los motivos que llevaron hace más de un año al Gobierno a modificar la estructura del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una reordenación que, entre otros efectos, supuso elevar el rango del presidente del organismo, el sociólogo socialista José Félix Tezanos.
El PP también registró en su día la comparecencia del ministro por las "discrepancias" entre su departamento y el Ministerio de Defensa en torno al proyecto de ley de Información Clasificada, una iniciativa actualmente bloqueada en el Congreso, así como por la decisión de cancelar el contrato con Israel para la adquisición de munición.
Las otras dos peticiones de comparecencia del PP que se verán el miércoles se refieren, por un lado, a la presunta "utilización del Ministerio Fiscal como instrumento de presión contra adversarios políticos" y en beneficio de investigados vinculados a la familia de Sánchez, al PSOE o al propio Gobierno, y, por otro, a supuestas "presiones del Gobierno al Tribunal Constitucional" para que rectifique el criterio del Tribunal Supremo, que determinó que la ley de amnistía no es aplicable a los delitos de malversación y, por tanto, no puede ser esgrimida por el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.
Valle de Cuelgamuros, financiación catalana y solicitudes de información
Vox, por su parte, reclama la presencia del titular de Presidencia y Justicia para que detalle el contenido de las reuniones mantenidas entre representantes del Gobierno español y autoridades eclesiásticas, así como, en su caso, con interlocutores del Estado de la Ciudad del Vaticano, en las que se haya abordado cualquier posible modificación que afecte al conjunto monumental del Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos.
La formación de Santiago Abascal también quiere preguntar a Bolaños por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y por las repercusiones que tuvo para su ministerio el apagón que afectó a toda la Península Ibérica hace casi un año.
El orden del día de la Comisión Constitucional se cierra con una iniciativa del Grupo Mixto, que busca que el ministro responsable de Relaciones con las Cortes explique por qué el Gobierno "incumple la legislación a la hora de remitir las solicitudes de información" formuladas tanto por diputados como por senadores.