El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha cargado este martes contra la negativa del PP a sentarse a negociar el decreto ley que incluye medidas en materia de vivienda, entre ellas la prohibición de desahucios y la prórroga de los contratos de alquiler. Además, ha lanzado una advertencia a los populares de que, si finalmente optan por votar en contra del texto, afrontarán un “precio político altísimo”.
El socio minoritario del Gobierno consiguió que el Consejo de Ministros diera luz verde a un decreto ley con medidas específicas en el ámbito de la vivienda, con el objetivo de intervenir en este mercado y aliviar la crisis habitacional que atraviesa el país.
Como ocurre con cualquier decreto ley, la norma ha entrado en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero necesita ser convalidada por el Congreso en el plazo máximo de treinta días. En este contexto, Sumar ha llamado a los distintos grupos parlamentarios de la Cámara, incluido el PP, a abrir una negociación. Sin embargo, la formación de Alberto Núñez Feijóo ya ha adelantado en un comunicado que no aceptará esa invitación porque, a su juicio, el decreto “no ofrece soluciones realistas”.
Bustinduy ha criticado en sus redes sociales la contestación del PP a la propuesta de diálogo, al considerar que la receta de los populares frente a la crisis de vivienda “siempre es la misma”, que en su opinión equivale a “no hacer nada”.
“Esta vez se equivocan. Si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo. Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, ha avisado el ministro a través de la red BlueSky.
Fuentes del grupo plurinacional han insistido en sus reproches al PP, al que acusan de que “sólo habla con fondos internacionales y especuladores” cuando se abordan cuestiones de vivienda. En la misma línea que Bustinduy, esas fuentes han ironizado: “Se debe de creer que no ha votantes del PP que pagan alquiler”. Al mismo tiempo, han subrayado que existen numerosas familias “ahogadas” por el pago del alquiler.