QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado en el Congreso que la actualización de las leyes de dependencia y discapacidad, que este jueves afronta su primer trámite parlamentario, dispondrá “con la financiación necesaria para ser viable y salir adelante”.
“Yo hoy con total claridad quiero transmitirle a todos los grupos parlamentarios que estas reformas contarán con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante. Es lo que refleja el acuerdo de gobierno que recoge el compromiso de alcanzar un 50% de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado”, ha prometido Bustinduy.
El titular de Derechos Sociales ha realizado estas manifestaciones durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En esta sesión, el Congreso se pronuncia sobre una enmienda de devolución registrada por Junts. Por otro lado, el PNV ha anunciado este mismo jueves que, tras las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo, ha optado por retirar su enmienda a la totalidad, con la que también reclamaba la devolución del texto al considerar que el proyecto invadía competencias autonómicas y no aseguraba la financiación suficiente.
Según ha explicado Bustinduy, la “triste realidad” es “un pasado de infrafinanciación crónica” del sistema, lo que hace que la tarea actual “es doblemente exigente”. “Tenemos que reforzar el sistema al mismo tiempo que lo reformulamos y lo transformamos. Pero yo hoy quiero declarar aquí que tenemos toda la determinación de hacerlo”, ha insistido el ministro desde la tribuna.
En esta línea, ha subrayado que, desde 2020, la aportación de la Administración General del Estado al sistema de dependencia “se ha incrementado en un 150%” y “se ha triplicado desde el año 2014”. También ha remarcado que en 2025 se alcanzará “un máximo histórico de más de 3.700 millones de euros”, lo que, a su juicio, demuestra el refuerzo presupuestario comprometido.
El responsable de Derechos Sociales ha recalcado que lo que se somete a debate este jueves es “una ley del país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia”.
En este punto, ha trasladado un “reconocimiento y agradecimiento explícito” a las entidades presentes en el hemiciclo (CERMI, CEOMA, ONCE, Consejo General de Trabajo Social, Plataforma de mayores pensionistas, Plena Inclusión, Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, entre otras), a las que ha atribuido un papel clave en la elaboración de la norma.
Bustinduy ha recordado igualmente que hace unas semanas se convalidó por unanimidad el Decreto Ley de Desarrollo de la Ley ELA, que contempla 500 millones de euros de financiación extraordinaria para asegurar la atención 24 horas al nuevo grado 3 plus de la dependencia, y ha señalado que ese “consenso se ha extendido en estas semanas a un acuerdo unánime con todas las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia para el despliegue de la Ley ELA”.
“Agradecer a todas las comunidades autónomas y a todos los signos políticos. Es un consenso social parecido al que sustentó la reforma del artículo 49 de la Constitución, la propia aprobación de la Ley ELA, la ampliación de permisos de paternidad y cuidados y espero que también la aprobación definitiva de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela”, ha precisado el ministro, que ha reivindicado estos acuerdos como ejemplo de avances compartidos.
En este contexto, Bustinduy ha apelado a los grupos parlamentarios para subrayar que, con el inicio de la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, “tienen una oportunidad de prolongar esa senda de avances sociales que no son logros de este o de aquel actor político, sino del país y de la sociedad entera”, y ha señalado que las iniciativas “podrán enriquecerse en su tramitación”. “Creo sinceramente que sería un buen mensaje que enviar a la ciudadanía y una gran contribución para mejorar nuestra democracia y nuestro Estado social”, ha subrayado, llamando a mantener el clima de consenso.
