QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sostenido en el Congreso que “la mejor manera de proteger y defender a las familias trabajadoras” en España pasa por abaratar el coste de los arrendamientos y por “seguir subiendo los salarios, el salario mínimo, el sueldo de los funcionarios, las pensiones, como está haciendo este Gobierno”.
Durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, el ministro ha interpelado directamente a la diputada del PP Carmen Fúnez: “¿Sabe qué hay que hacer? Bajar el precio de los alquileres. ¿Por qué no aplican la Ley de Vivienda allí donde gobiernan, si pueden hacerlo?”. Con esta pregunta ha reprochado a los ‘populares’ que no desarrollen la normativa estatal en las comunidades y ayuntamientos donde tienen responsabilidades de gobierno.
Bustinduy ha insistido ante Fúnez en que, a su juicio, “lo más importante es no deteriorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, las universidades” y “dejar de hacer regalos fiscales a los grandes patrimonios, a los fondos de inversión o a las empresas energéticas”. Al mismo tiempo, ha recalcado que “este Ministerio tiene un horizonte bien claro para lo que queda de la legislatura”, en referencia a las prioridades que se ha marcado su departamento.
En esa línea, ha concretado que su equipo se centrará en “mejorar el sistema público de la dependencia, que por supuesto contará con la financiación necesaria para ello; adoptar una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil; intervenir el mercado de la vivienda para proteger a los inquilinos frente a las lógicas de especulación y rentismo que les asfixian”. Según ha remarcado el ministro, “nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general, yo les preguntaría a quién van a servir ustedes”.
Con estas afirmaciones, Bustinduy ha contestado a las acusaciones vertidas por la parlamentaria del PP, que le ha reprochado “confundir anuncios con resultados” que, según ha dicho, “dicen es exactamente todo lo contrario”. Fúnez ha cargado contra el Ejecutivo afirmando que “no es el Gobierno de la coalición del progreso, sino del retroceso”.
La diputada ‘popular’ ha puesto sobre la mesa dos indicadores que considera especialmente alarmantes. En primer lugar, ha asegurado que “hay dos resultados tremendamente preocupantes después de su gestión. El primero de ellos es que la clase media española hoy es pobre”, para añadir que “en el año 2018 un 3% de la clase media se consideraba pobre y hoy un 19%”, citando datos del CIS para sostener su argumento.
El segundo efecto de la política social del Ejecutivo, a juicio de Fúnez, es que “es que en la España de Pedro Sánchez y de su gobierno trabajar no garantiza en absoluto salir de la pobreza”. Según ha recalcado, “eso lo dicen todas las asociaciones y colectivos que están trabajando en este ámbito”, en referencia a las entidades que operan en el terreno de la exclusión social y la vulnerabilidad económica.
Para la representante del PP, “los derechos no están solo para ser proclamados, sino que están fundamentalmente para que vayan acompañados de una memoria económica”, un requisito que, según ha denunciado, “no lleva a ninguna de las medidas y leyes” que emanan del Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy. De este modo, ha cuestionado la viabilidad presupuestaria de las iniciativas anunciadas por el departamento de Derechos Sociales.
