La Comisión de Interior del Congreso constituirá este martes la ponencia encargada de informar sobre la Proposición de Ley Orgánica que modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (1/1979) para reconocer la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
La iniciativa fue impulsada por PSOE en el verano de 2024, con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria, para reforzar la protección jurídica de los trabajadores penitenciarios, dotándoles de mayor cobertura legal y de la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, especialmente en contextos de conflictividad en los centros penitenciarios.
Una reforma con amplio respaldo en distintas fases parlamentarias
En paralelo, transcurren en trámite parlamentario otras medidas que persiguen el mismo horizonte. Aunque el texto actual en tramitación corresponde a la propuesta del PSOE, la cuestión ha contado con un amplio consenso político transversal en distintas iniciativas paralelas.
Grupos como el Partido Popular y Vox han impulsado en diferentes momentos propuestas similares o enmiendas coincidentes, lo que refleja un debate recurrente en la Cámara sobre el estatus jurídico del personal penitenciario.
En este sentido, en noviembre 2024, con 295 votos a favor, 40 en contra y 11 abstenciones de los 346 emitidos, la Proposición de Ley Orgánica presentada por el PP para modificación la mencionada norma superó su toma en consideración en el Congreso, gracias al apoyo de PSOE, PNV, UPN, CC y Vox.
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El Congreso acumula tres proposiciones de ley para que los funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad
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Más protección jurídica y valor probatorio de sus funciones
Según defiende el PSOE, el reconocimiento como agentes de la autoridad aportará mayor seguridad jurídica a la labor diaria de los funcionarios penitenciarios y evitará la existencia de resoluciones judiciales dispares. Además, la propuesta contempla que sus manifestaciones e informes puedan tener valor probatorio en procedimientos disciplinarios regulados por la norma.
La iniciativa también incorpora medidas relativas a la protección de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, incluyendo su separación del resto de internos en caso de ingreso en prisión por sentencia condenatoria, así como el refuerzo de su seguridad en el desempeño profesional.
El texto socialista plantea igualmente garantizar una indemnización por parte de la Administración en los casos de daños materiales o personales derivados del ejercicio de su actividad, siempre que no exista dolo o negligencia grave.
Los sindicatos denuncian "falta de medios" humanos, materiales y legales
El pasado febrero PP y Vox protagonizaron un rifirrafe político en el Congreso, acusándose mutuamente de frenar los avances de las respectivas normas en plena tramitación parlamentaria. La portavoz deInterior del PP en la Cámara Baja, Ana Vázquez, denunció que el PSOE estaba "bloqueando" la tramitación de dos proposiciones de ley en este sentido. "No tienen vergüenza", remarcó.
En la apertura de unas jornadas del Grupo Popular dedicadas a la situación de los trabajadores penitenciarios, celebradas esa jornada en el Congreso, Vázquez censuró que los socialistas hayan pedido ya 41 prórrogas para retrasar la tramitación de estas iniciativas.
Durante la jornada, portavoces del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar denunciaron la "falta de medios" humanos, materiales y legales en las prisiones, así como la "obsolescencia" de normas como el Reglamento de 1981, insistiendo en la urgencia de actualizar el sistema penitenciario. Entre sus demandas, reclamaron que se les reconozca como profesión de riesgo y que se dote a los centros de recursos suficientes para garantizar la seguridad.
Trabajo de ponencia en la Comisión de Interior
Con la constitución de la ponencia, arranca ahora la fase de análisis técnico y negociación parlamentaria del texto, en la que los diputados designados estudiarán las enmiendas presentadas y elaborarán el informe que servirá de base para el debate en comisión.
Este paso se produce tras la finalización del informe de ponencia, que ha ido incorporando modificaciones de los distintos grupos, y abre la puerta a la siguiente etapa, el debate y votación en la Comisión de Interior.
Un recorrido aún pendiente hasta su aprobación definitiva
Tras su paso por comisión, la iniciativa deberá ser debatida en el Pleno del Congreso, donde, al tratarse de una ley orgánica, necesitará mayoría absoluta para continuar su tramitación.
Si supera esa votación, la norma será remitida al Senado, que podrá aprobarla, introducir enmiendas o vetarla antes de su regreso a la Cámara Baja para su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).