La diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que quienes sufren violencia de extrema derecha sean reconocidos formalmente como víctimas del terrorismo. La iniciativa se ha registrado para su debate en la Comisión de Justicia, coincidiendo con un nuevo aniversario del asesinato de Guillem Agulló en Castellón en 1993.
Micó pretende “arrojar luz” sobre una violencia política de ultraderecha “persistente desde la Transición”, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana y que, según denuncia, ha sido “históricamente invisibilizada dentro del relato institucional del terrorismo”. “Durante décadas se ha limitado el concepto de terrorismo a determinadas organizaciones, dejando fuera otras formas de violencia ideológica que tienen el mismo impacto social y democrático”, ha señalado.
En este marco, la parlamentaria ha traído a colación el asesinato de Guillem Agulló en 1993 en Montanejos (Castellón) a manos de un grupo de extrema derecha. “Se trata de un crimen con una clara motivación ideológica y una voluntad de intimidación colectiva, elementos que encajan plenamente con la definición jurídica de terrorismo”, ha subrayado.
Para Micó, el reconocimiento de casos como el de Agulló no es “solo una cuestión de justicia individual, sino una necesidad democrática” y ha recalcado que “no puede haber víctimas de primera y de segunda según la ideología del agresor”.
Las juventudes de Compromís tienen previsto celebrar este domingo, a las 13.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Montanejos, el acto de homenaje “El latido inmortal de miles de Guillems”, con el que aspiran a reivindicar su figura “como símbolo de dignidad, resistencia y lucha contra el odio”.
Mismo estatus legal y reparación para todas las víctimas
La proposición de Compromís, recogida por Europa Press, reclama al Gobierno que reconozca expresamente que la violencia ejercida por la extrema derecha puede ser considerada terrorismo cuando se ajusta a los requisitos marcados por la Ley 29/2011, y que garantice a estas víctimas el acceso al mismo sistema de reconocimiento, protección y reparación que ya existe para el resto.
La PNL también plantea impulsar cambios normativos, criterios interpretativos y actuaciones administrativas que aseguren una aplicación uniforme del concepto de terrorismo a todas las manifestaciones de violencia política con finalidad de intimidación colectiva, así como fijar pautas claras para el reconocimiento de estas víctimas.
Del mismo modo, propone promover la revisión de casos históricos que hayan quedado fuera del sistema; integrar la violencia terrorista de extrema derecha en las políticas estatales de memoria democrática; y asegurar la igualdad efectiva de todas las víctimas del terrorismo en el acceso a las medidas de reconocimiento, protección y reparación, con independencia del origen ideológico de quienes perpetran los ataques.
En la exposición de motivos, el texto advierte de que el relato público del terrorismo se ha centrado principalmente en otras formas de violencia, pese a que diversos estudios académicos, documentos de memoria democrática y listados de víctimas constatan la existencia de asesinatos, agresiones graves y ataques mortales motivados por ideologías de odio, supremacismo e intolerancia política.
Asimismo, recuerda que la Ley 29/2011 define el terrorismo por su objetivo de generar terror en la población, alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden constitucional, “sin condicionar esta definición al origen ideológico de los autores”, por lo que concluye que la violencia ejercida por la extrema derecha, cuando cumple esos elementos materiales, debe recibir el mismo tratamiento de reconocimiento y protección que cualquier otra modalidad de terrorismo.