Este martes, el Pleno del Congreso ha ratificado el Real Decreto-ley que asigna a las comunidades autónomas 147.412 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para este año, lo que representa un incremento del 9,5% en comparación con 2024.
En junio, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la actualización de las entregas a cuenta y ahora ha recibido el aval del Congreso en este Pleno ‘escoba’, contando con el respaldo de los grupos que forman la coalición gubernamental y sus aliados, excepto Junts, que junto con Vox, votaron en contra.
El sistema de financiación autonómica se sustenta en unas entregas a cuenta de los ingresos tributarios estimados, incluyendo IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes establecidos por ley correspondientes al IVA e Impuestos Especiales, que son adelantados por el Estado central.
TRAS SER AVALADO POR EL CPFF
En julio del año previo, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Hacienda adelantó que las entregas a cuenta se actualizarían a estos 147.412 millones de euros. Estos fondos se incluyeron inicialmente en el decreto ‘ónmibus’, que fue rechazado al final del 2024 en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.
Tras esta negativa, el Gobierno promovió un nuevo decreto ‘ómnibus’, que incluía medidas como la revalorización de pensiones y ayudas al transporte, pero excluyó las entregas a cuenta. Sin embargo, el Congreso ahora ha aprobado estos fondos para las comunidades autónomas. Además, se añadirán 11.692 millones de euros correspondientes a la liquidación de 2023, sumando un total de 158.167 millones de euros en financiación para este año, el monto más alto hasta la fecha, con un aumento del 2,5% respecto al año anterior.
El decreto también contempla la actualización de las entregas a cuenta para los ayuntamientos, quienes recibirán 28.734 millones de euros en 2025, estableciendo un récord.
EN UN CONTEXTO DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA
La actualización de las entregas a cuenta ocurre en un periodo de prórroga presupuestaria, lo que ha permitido al Gobierno desvincular esta actualización de la aprobación de los Presupuestos. De no haberse separado estas entregas de la aprobación presupuestaria, las Comunidades Autónomas habrían recibido 21.518 millones menos este año, según estimaciones del Ejecutivo.
MONTERO PONE EN VALOR LOS RECURSOS
‘El objetivo es garantizar con este decreto ley que se cuenta ya con estos mayores recursos para reforzar justamente la sanidad, la educación, las políticas de vivienda o las políticas que están desarrollando nuestros ayuntamientos’, explicó Montero durante el debate en el Congreso, criticando al PP por haber rechazado anteriormente el decreto ómnibus y reprochándoles la falta de recursos para las comunidades. Montero también defendió la actualización de las entregas a cuenta y acusó al PP de mantener políticas fiscales similares a las de Montoro, mientras que alabó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, destacando un cambio significativo respecto a la etapa anterior, donde predominaban los préstamos a las comunidades.
EL PP JUSTIFICA SU ‘SÍ’
Pedro Puy, diputado del PP, justificó su apoyo al decreto porque era una demanda directa de las comunidades autónomas, aunque criticó al Gobierno por no integrar estas medidas en los Presupuestos Generales del Estado de este año, lo que describió como un ‘fracaso’ y una ‘anomalía democrática y constitucional’. Además, recordó la presencia de José Luis Ábalos en el Congreso, nombrado por Pedro Sánchez.
DIFERENCIAS ENTRE LOS SOCIOS
Los debates en el Congreso mostraron discrepancias entre los grupos. Àgueda Micó de Compromís criticó la falta de implicación del Gobierno en la reforma del sistema de financiación autonómica y la ausencia de fondos transitorios para comunidades como la valenciana. Mientras, el BNG pidió un sistema financiero particular para Galicia, y Podemos lamentó que el Gobierno no haya aprobado un Presupuesto desde 2023. Por su parte, el PNV señaló que esta actualización no afecta al sistema financiero de Euskadi. EH Bildu denunció restricciones que limitan a los ayuntamientos, mientras que Teresa Jordà de ERC celebró el decreto y atribuyó a su partido el impulso de esta actualización. Junts optó por no participar en el debate, y Vox urgió a una actualización del sistema de financiación autonómica y local, abogando por una simplificación del Estado autonómico. Finalmente, desde Sumar, Engracia Rivera criticó que el Gobierno llevara este tema a votación en julio, y desde el PSOE se alinearon con Montero, también criticando a Montoro.