El Pleno del Congreso ha tumbado este jueves la mayoría de las enmiendas del PP introducidas en el Senado al proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social, de modo que el texto queda ratificado de forma definitiva en los mismos términos en los que salió inicialmente de la Cámara Baja antes de remitirse a la Cámara Alta.
La norma busca actualizar y reforzar el marco legal de este ámbito y, para ello, pretende atajar el intrusismo en las cooperativas, precisando qué entidades se integran realmente en la Economía Social, según ha señalado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La Ley se estructura en cuatro artículos que retocan las principales normas que conforman el armazón jurídico del sector: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas, de acuerdo con la información de Trabajo.
El departamento que dirige Yolanda Díaz subraya que la nueva regulación servirá para reforzar e impulsar fórmulas innovadoras de Economía Social, entre ellas la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas y el comercio justo.
En el ámbito de la vivienda en cesión de uso, el texto modifica la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas para reconocer por primera vez como especialmente protegidas a ciertas cooperativas de vivienda, en particular las de cesión de uso, siempre que mantengan la titularidad de los inmuebles, no distribuyan retornos y cumplan condiciones específicas.
La normativa también persigue adaptar y poner al día la Ley de Cooperativas, incorporando la elaboración de planes de igualdad en el seno de estas entidades y la creación de una Comisión de Igualdad que favorezca la conciliación y garantice el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales.
Trabajo resalta igualmente el refuerzo de las causas de descalificación administrativa, con el fin de actuar frente a organizaciones que operan bajo una falsa apariencia cooperativa y vulneran sus principios y valores. Con ello se pretende salvaguardar la identidad cooperativa frente a “usos instrumentales o fraudulentos, y combatir el intrusismo en las cooperativas al clarificar qué empresas forman parte de la Economía Social y cuáles no”.
Asimismo, el artículo segundo de la ley modifica la Ley para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, entidades orientadas a facilitar el acceso al mercado de trabajo de personas en situación de vulnerabilidad, incorporando una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines”, según el Ministerio.
En este sentido, Trabajo destaca que los cambios introducidos en su organización interna ayudarán a asegurar su competitividad, fijando como horizonte la contratación indefinida en empresas ordinarias. “La ley ordena mejor los itinerarios de inserción y los adapta a la lógica de la contratación indefinida tras la reforma laboral”, apunta el departamento.
El tercer artículo retoca la Ley de Economía Social para precisar las distintas tipologías y el catálogo de entidades que conforman este ámbito. También redefine los objetivos que deben asumir las políticas públicas en la promoción del sector y amplía la contratación pública reservada, incrementando el porcentaje de licitaciones del sector público destinadas a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.
La Economía Social, una parte clave del PIB
Durante el debate parlamentario, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha agradecido el apoyo de los grupos que “han entendido la importancia de la Economía Social” y han permitido sacar adelante esta ley, tras “un año y medio” de trabajos para alumbrar una “ley importante, que quizás no hace tanto ruido como otras, pero que dice mucho sobre el país que se quiere construir”.
Díaz ha remarcado que la norma se ha gestado “escuchando a las cooperativas, a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a tantas entidades que llevan años demostrando que otra forma de hacer economía no solo es posible, sino necesaria”.
En su intervención, ha defendido que la Economía Social “no es un rincón menor de nuestro sistema productivo, sino una parte decisiva de la economía española; un modelo que pone en el centro a las personas, al trabajo digno, al arraigo territorial y al interés general”.
Según datos de Trabajo, las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y el resto de entidades que integran la Economía Social en España generaron una cifra de negocios equivalente al 11,1% del PIB en cada uno de los años del periodo 2019-2023.
El tejido productivo de la Economía Social española está formado por 127.532 empresas y entidades, de las que dependen 2.250.389 puestos de trabajo directos e indirectos, con una facturación conjunta de 169.691 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos del sector publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).