QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde a la convalidación del decreto ley que contempla una revalorización del 11% en las retribuciones de los empleados públicos entre 2025 y 2028, una medida que ha salido adelante con el único rechazo de Vox, la abstención de Junts y el respaldo del resto de formaciones de la Cámara Baja.
PP y Vox han cargado contra el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por recurrir a un decreto ley para fijar esta subida salarial del 11% en el periodo 2025-2028 y, según han denunciado, hacerlo sin un proceso de diálogo real con las partes afectadas.
El texto del decreto plasma el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF para incrementar el sueldo del personal al servicio de las administraciones públicas en un 2,5% consolidable en 2025, un 1,5% adicional para el ejercicio siguiente que podría elevarse hasta el 2% en función de la evolución del IPC, un 4,5% en 2027 y un 2% más en 2028. CCOO se adhirió posteriormente a este pacto.
Durante la defensa de la norma en el hemiciclo, el ministro López ha recalcado que esta actualización salarial beneficiará a más de tres millones de empleados públicos pertenecientes al conjunto de administraciones del país.
“Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad”, ha subrayado López.
En el transcurso del debate, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Podemos y BNG han anunciado su apoyo a la convalidación del decreto, mientras que PP y Vox han mantenido un discurso mucho más crítico con la actuación del Ejecutivo.
Vox reprocha el uso del decreto ley y el calendario elegido
El diputado de Vox Pablo Sáez ha censurado que el Gobierno haya optado por la vía del decreto ley para aprobar la subida de las nóminas públicas, algo que, a su juicio, evidencia la “ausencia de una política presupuestaria” y un Ejecutivo que deja “para final de año” la actualización del salario de los empleados públicos.
Por parte del PP, Ángel Ibáñez ha afeado al Gobierno que haya impulsado esta medida sin un proceso de negociación previo y ha advertido de que esta decisión limita el margen de maniobra de las comunidades autónomas encargadas de aplicar la subida, ya que muchas de ellas tienen sus cuentas elaboradas sin contemplar esta revalorización.
No obstante, Ibáñez ha querido dejar claro el compromiso del PP “con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos” y con la estabilidad del empleo en este ámbito.
