QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE y sus socios planean acelerar el proceso de reforma del Reglamento del Congreso, que permitiría penalizar a los periodistas acreditados que interfieran en las actividades parlamentarias y de prensa dentro de la Cámara, a quienes etiquetan como ‘pseudoperiodistas’. La meta es ratificarla este mes en dos sesiones plenarias programadas, una el próximo martes y otra en la antepenúltima semana del mes, según fuentes parlamentarias comunicaron a Europa Press.
Esta actualización del reglamento, propuesta tras varios incidentes con periodistas de medios digitales que confrontaron a políticos y otros periodistas, busca gestionar la renovación de las credenciales de prensa y establecer un sistema de sanciones para aquellos que perjudiquen la operación de la institución o el trabajo de otros medios.
Con esta medida, el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, atienden a las demandas de diversos grupos profesionales de periodistas que han pedido al Congreso acciones para ‘evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo’. Según destacan, el objetivo no es limitar la labor informativa, sino dirigirse contra ‘activistas de ultraderecha’ que asisten a conferencias de prensa.
El Reglamento del Congreso, vigente desde 1982, otorgaba a la Mesa la autoridad para conceder acreditaciones, pero la reforma propuesta regulará este proceso y establecerá ‘los requisitos que resulten exigibles’. Además, se formará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que incluirá a un miembro de cada grupo y representantes de colectivos profesionales, autorizado para sugerir sanciones, aunque la decisión final recaerá en la Mesa.
Los informadores tendrán que ‘respetar las reglas de cortesía parlamentaria’ y las normas de la Mesa, y se prohibirá realizar grabaciones sin acreditación. Las infracciones a estas normas podrían resultar en la suspensión o revocación de las credenciales.
La propuesta fue considerada por el Pleno del Congreso el 20 de mayo, y sus promotores solicitaron su tramitación urgente. Recientemente, obtuvieron 178 firmas de diputados, superando la mayoría necesaria, para facilitar las sesiones necesarias para su aprobación este verano, antes del próximo periodo legislativo.
El próximo martes, se discutirán y votarán las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox, que se opusieron inicialmente a la tramitación de la reforma. La alternativa del PP, eliminando la regulación sobre acreditaciones de prensa, sostiene que el mantenimiento del orden es competencia exclusiva de la Presidencia del Congreso por mandato constitucional.
Por su parte, Vox ‘rechaza totalmente’ la regulación del derecho de información, pero su enmienda incluye propuestas como eliminar el uso de lenguas cooficiales y ajustar el número de comisiones parlamentarias, entre otras.
