Este martes, el Congreso de los Diputados ha reanudado el proceso legislativo de la proposición de ley presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, destinada a regular los alquileres de temporada y de habitaciones, para asegurar su conformidad con las normativas de la Ley de Vivienda.
La propuesta fue inicialmente aceptada en diciembre de 2024 y las enmiendas se introdujeron en mayo de este año, aunque solo recientemente se ha programado la sesión de la ponencia para debatirlas.
La dilación en la tramitación ha generado tensiones entre el PSOE y sus aliados de izquierda, quienes han presionado repetidamente para acelerar el proceso. ERC y Sumar han expresado su descontento por los retrasos en múltiples ocasiones.
Tras casi un año desde su admisión a trámite, la Cámara Baja ha decidido activar nuevamente la tramitación, una decisión que ha sido bien recibida desde el Ministerio de Vivienda, destacando la necesidad de regular estos alquileres para combatir el fraude en este sector, especialmente en las grandes urbes. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para «para alcanzar un acuerdo».
REFORMA DE ARRENDAMIENTOS URBANOS
La reforma propuesta busca modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para igualar los contratos de temporada con los de residencia permanente, desalentando su uso en áreas tensionadas para reducir los precios.
Además, se establece que los arrendadores deben demostrar la necesidad de la temporalidad del contrato, en términos similares a los que requiere la legislación laboral.
Los contratos de temporada no podrán superar los nueve meses, alineándose con el calendario académico. Si un contrato supera los nueve meses o si se encadenan más de dos contratos consecutivos, se considerará como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándosele todas las condiciones y prórrogas estipuladas para estos contratos.