QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado su visto bueno definitivo, con competencia legislativa plena, al proyecto de Ley de Economía Social, que ahora continuará su tramitación en el Senado y que ha salido adelante sin el apoyo de PP y Vox.
Según explica el Grupo Socialista, la finalidad de esta ley es reforzar el papel de las empresas de economía social, que no se centran únicamente en maximizar el beneficio, sino que ponen en primer plano el bienestar de las personas y la cohesión social, de modo que el crecimiento económico avance ligado a la justicia social.
La economía social supone en la actualidad alrededor del 10% del PIB nacional y el 12% del empleo en España. Además, las mujeres constituyen el 69% de la plantilla de este tipo de entidades y ocupan el 51% de los puestos directivos, frente al 25% registrado en las sociedades mercantiles, de acuerdo con los datos aportados por los socialistas.
Tras la votación, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha valorado positivamente que el Congreso haya dado luz verde a la ley, con competencia legislativa plena, al entender que “actualiza este ámbito económico en el que se inserta la iniciativa emprendedora de la discapacidad organizada”.
En su análisis, el CERMI subraya que el texto legal pasa a considerar como Centros Especiales de Empleo de Economía Social “exclusivamente a aquellos de iniciativa social, quedando excluidos los de iniciativa privada con ánimo de lucro, que dejan así de tener esta consideración”.
Con este cambio, el comité destaca que el marco de la economía social se alinea con la distinción entre Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y de Iniciativa Privada que ya se introdujo en 2017 a través de la Ley de Contratos del Sector Público.
Del mismo modo, remarca que se incorpora una reivindicación del movimiento de la discapacidad por la que se reconoce de forma expresa a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, como entidad del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal y colaboradora de la Administración General del Estado.
El CERMI ha manifestado que confía en que el debate en la Cámara Alta “mantenga los avances logrados en el Congreso en materia de discapacidad y que la reforma pueda promulgarse, publicarse y entrar en vigor pronto”.
