La próxima semana, el Pleno del Congreso abordará una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, que solicita al Gobierno una revisión completa del sistema de pulseras telemáticas usadas para controlar a maltratadores. Esta auditoría abarcaría aspectos técnicos, operativos y judiciales, y se centrará en el sistema Cometa tras el cambio de proveedor en 2023.
La iniciativa surge en respuesta a una alerta de la Fiscalía General del Estado sobre absoluciones relacionadas con fallos en estos dispositivos, según se mencionó en su memoria de 2024. No es la primera vez que el tema se discute en el Congreso, donde ya en septiembre se cuestionó la gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a una moción del grupo de Alberto Núñez Feijóo.
El PP también ha pedido evaluar cómo estos fallos han afectado a los procedimientos judiciales, incluyendo el detalle de casos y víctimas potencialmente afectadas por comunidad autónoma y provincia. Además, exigen que se revele información sobre la calidad y fiabilidad de los dispositivos comprados, así como los criterios que llevaron a su adquisición en lugar de su alquiler.
La proposición incluye una demanda para que se informe sobre las causas técnicas de los fallos detectados y las medidas para corregirlos. También propone un sistema de supervisión permanente para asegurar la eficacia del sistema y mejorar la formación de los operadores judiciales y fuerzas de seguridad en el manejo de estas tecnologías.