QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso afronta este jueves, 11 de diciembre, una sesión clave en la que se someterán a votación los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones para el periodo 2026-2028, un trámite imprescindible antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Además, la Cámara deberá pronunciarse sobre la convalidación de los decretos que recogen el incremento salarial de los empleados públicos y el retraso de un año en la puesta en marcha de “Verifactu”.
La denominada senda de déficit vuelve al Hemiciclo por segunda vez en menos de un mes. El pasado 27 de noviembre el Gobierno ya llevó estos objetivos a la Cámara Baja, pero fueron rechazados con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, así como con la abstención de Podemos y de la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó.
El plan que se someterá ahora a votación es exactamente el mismo que fue tumbado entonces. Establece una trayectoria de reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas que partiría del 2,1% en 2026, descendería al 1,8% en 2027 y se situaría en el 1,6% en 2028.
Para las comunidades autónomas se fija un margen de déficit del 0,1% del PIB para cada uno de los tres ejercicios, lo que supone algo más de 5.000 millones de euros en total. En cuanto a la Administración Central, el objetivo es un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.
Al tratarse del mismo cuadro macroeconómico y fiscal, los grupos parlamentarios no contemplan modificar el sentido de su voto respecto al de noviembre. Si finalmente la senda vuelve a ser rechazada, el Ejecutivo tiene previsto seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos, apoyándose en la senda de estabilidad que remitió en 2024 a la Comisión Europea dentro del plan fiscal estructural a medio plazo exigido tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales de la UE.
Subida salarial del 11% para los empleados públicos hasta 2028
En paralelo, el Congreso deberá decidir sobre la convalidación del decreto ley que contempla un aumento acumulado del 11% en las retribuciones de los funcionarios públicos entre 2025 y 2028. Esta mejora salarial responde al acuerdo marco para la mejora de las condiciones laborales y retributivas firmado por el Gobierno con UGT, CCOO y CSIF.
El texto establece un alza consolidable del 2,5% para 2025, a la que se suma un incremento del 1,5% para el ejercicio siguiente, que podría elevarse hasta el 2% en función de la evolución de la inflación. Posteriormente, las nóminas de los empleados públicos se incrementarían un 4,5% en 2027 y un 2% adicional en 2028.
Aplazamiento de Verifactu y apoyo de Junts a los decretos
La sesión plenaria también abordará la convalidación o derogación del decreto que pospone un año la entrada en vigor del nuevo reglamento de facturación electrónica para empresas “Verifactu”. Inicialmente, este sistema iba a ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para las compañías con una facturación inferior a seis millones de euros y, desde el 1 de julio de ese mismo año, para más de 3,4 millones de trabajadores autónomos.
El objetivo de “Verifactu” es que la facturación de los negocios se comunique de forma simultánea a la Agencia Tributaria, creando un registro inalterable de los pagos y reforzando el control fiscal.
Ambos decretos leyes se encuentran ya en vigor, pero el Congreso debe debatirlos y someterlos a votación en el plazo máximo de 30 días para decidir si se mantienen o se derogan. En esta ocasión, el Gobierno cuenta con el respaldo de todos sus socios parlamentarios, entre ellos Junts, para asegurar la convalidación en la votación de este jueves.
