Este jueves, el Pleno del Congreso de los Diputados se enfrenta a la votación final de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una normativa que, entre otros aspectos, exige que las grandes empresas ofrezcan atención al cliente en las distintas lenguas cooficiales del país.
El debate se centrará en si se aprueba el proyecto y se envía al Senado. Dicho proyecto, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts, estipula que las empresas con más de 250 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros, o que proporcionen servicios de interés general, deben garantizar la atención en las diversas lenguas cooficiales.
Desde el Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, se promueve que el 90% de las llamadas a grandes empresas sean respondidas en menos de tres minutos y se limita el uso de sistemas automatizados como único recurso de atención al cliente. A pesar de las tensiones políticas, Junts ha confirmado que apoyará esta legislación, ya que se había pactado anteriormente.
ATENCIÓN EN CATALÁN
La ley garantiza que, bajo solicitud del consumidor en regiones con más de una lengua oficial, se prestará atención en el idioma oficial requerido, siempre que la empresa opere en esas comunidades y la lengua sea oficial allí.
Además, la normativa permite que las consultas y reclamaciones se hagan en castellano o en cualquier lengua oficial en comunidades con lenguas cooficiales. Entre las novedades incluidas en la ley se encuentra la regulación de los influencers en la Ley de Juego de 2011, una enmienda acordada entre PSOE, Sumar y ERC para incluir a ‘personajes de relevancia o notoriedad pública’.
La legislación también establece que solo se aceptarán medios de pago nominativos en operaciones de juego y se creará un registro de proveedores de juego. Se introducen medidas contra las llamadas comerciales no consentidas y se exime a ciertas empresas de servicios básicos de la obligación de tener atención al cliente 24 horas si su cuota de mercado es inferior al 5%.