QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso afrontará este jueves, 11 de diciembre, una sesión clave en la que se someterán a votación los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones para el periodo 2026-2028, requisito imprescindible antes de registrar los próximos Presupuestos Generales del Estado, así como la convalidación de los decretos que recogen la subida salarial de los empleados públicos y el retraso de un año en la aplicación de “Verifactu”.
La conocida senda de déficit volverá a la Cámara Baja por segunda vez en menos de un mes. El pasado 27 de noviembre el Ejecutivo ya llevó estos objetivos al Pleno, pero fueron rechazados por el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, optaron por la abstención.
El plan que se someterá ahora a decisión de los diputados es exactamente el mismo que se tumbó el 27 de noviembre. En él se traza una trayectoria de reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas que parte del 2,1% en 2026, desciende al 1,8% en 2027 y se sitúa en el 1,6% en 2028.
Para las comunidades autónomas se plantea un déficit del 0,1% del PIB en cada uno de los tres ejercicios, lo que supone algo más de 5.000 millones de euros, mientras que para la Administración Central se prevé un desequilibrio del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.
Al repetirse íntegramente la propuesta, los grupos parlamentarios no contemplan variar el sentido de su voto respecto al emitido en noviembre. Si la senda vuelve a ser rechazada, el Gobierno mantiene la intención de continuar con la tramitación de las cuentas públicas, recurriendo en ese caso a la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2024 dentro del plan fiscal estructural a medio plazo exigido tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales de la UE.
Subida del salario de los funcionarios hasta 2028
En la misma sesión se debatirá y votará la convalidación del decreto ley que recoge un incremento global del 11% en las retribuciones de los funcionarios entre 2025 y 2028, en aplicación del acuerdo marco para la mejora de las condiciones laborales y salariales suscrito entre el Ejecutivo y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.
El texto establece una subida consolidable del 2,5% para 2025, a la que se suma un alza del 1,5% para el ejercicio siguiente, que podría llegar al 2% en función de la evolución de la inflación. A ello se añade un incremento del 4,5% en 2027 y otro del 2% en 2028.
Aplazamiento de Verifactu y apoyo de Junts
Además, el Congreso deberá decidir si convalida o deroga el decreto que pospone un año la entrada en vigor del nuevo reglamento de facturación electrónica empresarial Verifactu, que inicialmente iba a aplicarse desde el 1 de enero de 2026 para las compañías con una facturación inferior a seis millones de euros, y a partir del 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de trabajadores autónomos.
Este sistema tiene como finalidad que la facturación de los negocios se comunique de forma simultánea a la Agencia Tributaria, generando así un registro inalterable de los cobros y pagos.
Ambos decretos leyes se encuentran ya en vigor, pero deben ser sometidos a debate y votación en el Congreso en el plazo máximo de 30 días para decidir si se ratifican o quedan derogados. En esta ocasión, el Gobierno dispone del respaldo de todos sus socios parlamentarios, también de Junts, para garantizar su convalidación en la votación prevista para este jueves.
