Este miércoles, el Congreso debatirá y decidirá sobre las enmiendas de totalidad propuestas por PP, Vox y Junts, las cuales buscan rechazar el proyecto gubernamental de disminuir la jornada laboral a 37,5 horas. Estas formaciones, que poseen una mayoría absoluta de 177 diputados, tienen el poder suficiente para rechazar la propuesta.
A pesar de que las enmiendas son tres documentos diferentes, solo se llevará a cabo una votación, ya que las posturas de PP, Vox y Junts son coincidentes respecto a solicitar la devolución del proyecto al Ejecutivo. El PSOE había intentado prolongar el período de negociación de la ley, pero Sumar terminó el plazo para presentar enmiendas en junio, con la intención de debatirlo antes de la temporada estival. El Ministerio de Trabajo esperaba alcanzar un acuerdo con los de Carles Puigdemont para que retirasen su oposición, sin embargo, Junts confirmó el lunes al Ministerio que persistirá en su plan de devolver el proyecto al Gobierno.
De esta forma, la medida de reducción de jornada se enfrentará a la votación en el Pleno del Congreso, donde PP, Vox y Junts vetarán la continuación parlamentaria de la ley, lo que provocará su retirada del Congreso. Los partidos del Gobierno no consideran desistir de la norma y desean que las otras formaciones se ‘retraten’.
EL GOBIERNO VOLVERÁ A LLEVAR LA LEY SI LA TUMBAN
Si la propuesta es finalmente rechazada, tanto la vicepresidenta Díaz como el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, han anunciado que reintroducirán el proyecto en la Cámara Baja, aunque esto implicará un retraso ya que deberá iniciarse de nuevo con un texto diferente.
Políticamente, Sumar y sus aliados reconocen el duro golpe que supone el posible rechazo de la ley por parte de PP, Vox y Junts, aunque han respaldado firmemente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT han organizado una concentración en Madrid y otras manifestaciones en diversas comunidades y provincias durante la mañana. Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de CCOO y UGT respectivamente, han instado a los ciudadanos a luchar activamente por la reducción de la jornada laboral, la cual podría significar hasta 15 días laborables menos al año y un aumento salarial del 7% para quienes trabajen 40 horas semanales.
Estos dirigentes sindicales han afirmado que no cesarán en su empeño por la reducción de jornada, incluso si las enmiendas prosperan, y presionarán a los grupos políticos durante toda la legislatura, exigiendo al Gobierno un nuevo proyecto de ley y una regulación del control horario mediante un real decreto.