El PSOE y sus aliados están decididos a impulsar la reforma del Reglamento del Congreso, que busca imponer sanciones a periodistas acreditados que interfieran en las tareas parlamentarias y de la prensa dentro de la institución, calificándolos como «pseudoperiodistas». Está previsto que la reforma sea aprobada en dos sesiones plenarias de julio, una el próximo martes y otra en la penúltima semana del mes, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
Esta modificación, que se registró tras varios incidentes con periodistas de medios digitales, pretende regular la renovación de las credenciales de prensa y establecer un sistema de penalizaciones para aquellos que dañen la operatividad de la institución o el trabajo de otros medios.
Con la propuesta, partidos como el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, buscan atender a las demandas de colectivos periodísticos que han solicitado a la Cámara medidas para «evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo». El objetivo de estos partidos es combatir a «activistas de ultraderecha» que participan en conferencias de prensa.
El Reglamento del Congreso, establecido en 1982, asigna a la Mesa la tarea de otorgar acreditaciones, pero la nueva reforma quiere regular este proceso y establecer «los requisitos que resulten exigibles». Además, se creará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por un miembro de cada grupo y representantes de los colectivos periodísticos, que podrá sugerir sanciones, aunque la decisión final la tomará la Mesa.
Los informadores deberán cumplir con «las reglas de cortesía parlamentaria» y las directrices de la Mesa. Se establecerán sanciones para aquellos que infrinjan estas normas, con penalizaciones que podrían incluir la suspensión temporal o incluso la revocación definitiva de las credenciales.
La propuesta fue considerada por el Pleno el 20 de mayo y sus impulsores solicitaron acelerar su tramitación. Recientemente, se obtuvieron 178 firmas de diputados, suficientes para organizar las sesiones necesarias para su aprobación este verano, de cara a que esté vigente al inicio del próximo periodo de sesiones.
El próximo martes 8 de julio, se debatirán y votarán las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox, quienes junto con UPN, se opusieron a la tramitación de la reforma. La alternativa del PP, que suprime la regulación de acreditaciones de prensa, sostiene que es competencia exclusiva del Presidente del Congreso mantener el orden, mientras que Vox propone eliminar el uso de lenguas cooficiales y otras medidas restrictivas en su enmienda de totalidad.