El Congreso especifica las acciones de periodistas que serán sancionadas y los medios que no recibirán acreditación

Este martes, la Mesa del Congreso ha ratificado una directriz que especifica las acciones de periodistas que podrían ser sancionadas y aclara cuáles son los medios de comunicación que no serán acreditados, incluyendo aquellos con menos de diez empleados o adeudos con la Seguridad Social.

ZONAS VEDADAS A LA PRENSA

La corriente mayoritaria de la Mesa enfatiza que la resolución adoptada recoge por escrito prácticas que ya se implementaban en la institución. Se especifican las áreas por donde pueden moverse los informadores y aquellas que requieren autorización especial, además de prohibir a los periodistas literarios capturar imágenes y vídeos dentro del recinto, privilegio reservado únicamente para los informadores gráficos.

El documento también formaliza el proceso de otorgamiento de acreditaciones, definido por la Dirección de Comunicación del Congreso. Se establecen criterios claros sobre los medios que pueden obtener autorización y aquellos que no, introduciendo requisitos adicionales como la verificación de que el medio cuenta con más de diez empleados registrados en la Seguridad Social y que están al día con sus cuotas.

Entre los excluidos de la acreditación se encuentran sitios web, blogs, canales de YouTube, emisoras de radio y cadenas de televisión digitales sin licencias administrativas, y los departamentos de comunicación de ‘lobbies’. Se ha incorporado además la restricción de acreditar a quienes trabajen o colaboren en equipos de comunicación de partidos políticos o fundaciones políticas.

Cuando se identifique una conducta sancionable, el periodista implicado podrá ser denunciado ante la Dirección de Comunicación y la Mesa del Congreso derivará el caso a un nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), integrado por miembros de la Mesa, periodistas seleccionados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y un representante de cada grupo parlamentario.

La decisión sobre la denuncia y la posible sanción será tomada por los representantes de los partidos por mayoría ponderada, aunque la resolución final corresponderá a la Mesa del Congreso, donde es posible presentar un recurso.