QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha abordado este martes la toma en consideración de una proposición de ley que persigue suprimir la actual separación entre los subgrupos A1 y A2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y configurar un único grupo A para todas las titulaciones de Grado o equivalentes. Con este cambio, las enfermeras y los fisioterapeutas dejarían de estar encuadrados en el subgrupo A2, donde figuran en la actualidad, para integrarse en el grupo A.
La propuesta, impulsada por el Parlamento de Cantabria, plantea modificar el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En concreto, busca reformar el artículo 76, que regula la clasificación profesional del personal funcionario de carrera de enfermería y fisioterapia, de forma que para acceder a los cuerpos o escalas del grupo A se exija el título universitario de Grado o equivalente.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del Parlamento de Cantabria Miguel Ángel Vargas (PP) ha señalado que el sistema de clasificación vigente ha quedado desfasado, al no ajustarse a la estructura de las titulaciones universitarias derivada del Plan Bolonia, que unificó los estudios superiores en el Grado Universitario.
Según ha explicado, esta organización en subgrupos mantiene, bajo una denominación distinta (A1 y A2), la antigua separación entre licenciados y diplomados (los viejos grupos A y B), lo que se traduce en una «incorrecta clasificación» del Grado en Enfermería, Fisioterapia y otros estudios que continúan encuadrados en el subgrupo A2.
«Con titulaciones de misma duración, misma complejidad, ocupan grados distintos dentro de la clasificación funcionarial. Por lo tanto, es una cuestión a plantear», ha indicado Vargas.
En la misma línea, la diputada del Parlamento de Cantabria Paula Fernández (PRC), que también ha defendido la proposición, ha remarcado que «no es comprensible ni aceptable» que se mantenga una interpretación legal que perpetúa esta situación. «Considerando algunas profesiones como meras colaboradoras de otras supuestamente superiores y negando una entidad propia«, ha añadido.
Fernández ha precisado además que el texto plantea la creación de un grupo A plus que agrupe las titulaciones de seis años de duración: «Un reconocimiento específico, como históricamente ha ocurrido».
Por su parte, el diputado del Parlamento de Cantabria Raúl Pesquera (PSOE) ha puesto el foco en el peso de la enfermería dentro de los servicios de salud, recordando que representan el 30 por ciento de los funcionarios sanitarios: «Es el grupo más numeroso, es el grupo que más nos cuida, por lo tanto tenemos que tenerlas en cuenta o sí, o sí», ha apuntado.
Reconocimiento profesional de los técnicos superiores sanitarios
La proposición ha incorporado una enmienda de Podemos Cantabria, defendida por Noemí Santana, que reclama que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público incluya también el reconocimiento profesional de los técnicos superiores sanitarios (TSS), «un colectivo esencial que lleva más de 18 años reclamando justicia laboral». Este personal continúa encuadrado en el grupo C1, el mismo que el de quienes poseen el título de Bachillerato, pese a que «la ley establece desde 2007 que deberían estar en el grupo B».
La enmienda plantea activar de manera efectiva el grupo B mediante una disposición adicional que obligue a todas las administraciones a ponerlo en marcha y a reclasificar en un plazo máximo de 12 meses a los TSS, ajustando en paralelo sus retribuciones y sus funciones.
Modificar el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud
La diputada de Sumar Alda Recas se ha mostrado favorable a revisar la clasificación de enfermeras y fisioterapeutas, aunque ha defendido que este cambio se articule a través de la reforma del Estatuto Marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, actualmente en proceso de elaboración.
«Se ha tomado la decisión desde el Ministerio de Sanidad de abrir ese melón, para mí demasiado maduro, y trabajar en él para, entre otras cosas, clasificar a los profesionales, a todos. Así se clasificará según créditos de formación», ha indicado.
«Todas las TCA estarán en un grupo, los técnicos superiores en otro, las enfermeras en otro, enfermeras especialistas en otro, grados largos en otro y los médicos en el grupo ocho, que es el grupo más arriba, porque tienen más créditos», ha explicado.
En este contexto, la diputada del PP Llanos De Luna ha coincidido en que la reclasificación debe abordarse en el Estatuto Marco, aunque ha criticado con dureza el borrador remitido por el Ministerio de Sanidad, al que ha calificado como «un mal documento» porque, a su juicio, se ha elaborado sin contar con las comunidades autónomas.
«Tampoco han contado con dos ministerios fundamentales, como es el de Función Pública y también el de Hacienda, porque hay toda una cuestión económica en todo este tema de fondo, así como la clasificación de los distintos funcionarios. Este texto no ha gustado a nadie y no da respuesta a las necesidades actuales», ha criticado.
Críticas de Vox a la reclasificación general al grupo A
Finalmente, el diputado de Vox José María Sánchez ha mostrado su rechazo a la iniciativa al considerar que el articulado propuesto no se limita a enfermeras y fisioterapeutas, sino que extiende la reclasificación a todos los cuerpos y escalas en un único grupo A.
«Solamente habría sido admisible pensando en funcionarios futuros, pero no refundiendo en un solo grupo a los funcionarios que ya lo son y haciendo iguales en derechos a quienes han accedido a cuerpos cuya selección requiere pruebas distintas. Eso no es posible, porque es contrario al mérito y capacidad que debe regir la selección en la Función Pública, con arreglo a la Constitución», ha concluido.
