El Congreso evaluará una nueva ley para impedir que fondos adquieran inmuebles el próximo martes

El Congreso discutirá una reforma de la Ley de Vivienda para limitar la compra de casas a personas jurídicas y fondos.

El próximo 25 de noviembre, el Congreso de los Diputados deliberará y votará sobre una propuesta de ley presentada por Sumar, que busca modificar la Ley de Vivienda de 2023 para restringir la compra de viviendas en España a empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión.

Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, ha sido el impulsor de esta iniciativa legislativa. Ibáñez ha destacado la necesidad de «poner freno» a la especulación inmobiliaria que realizan principalmente «socimis y fondos buitres», señalando que es «prioritario» y «urgente» implementar medidas para evitar que la vivienda se concentre «en unas pocas manos».

Desde Sumar, se argumenta que el derecho al disfrute de la vivienda debe ser exclusivo de las personas físicas, quienes realmente viven y experimentan el día a día en estos espacios. Según el grupo parlamentario, convertir la vivienda en un mero objeto de inversión contradice su función esencial en la vida de las personas.

Por esta razón, la reforma propuesta busca limitar la transmisión de propiedades inmobiliarias, permitiendo únicamente a las personas físicas adquirir viviendas, ya sea mediante compra o donación, mientras que las entidades jurídicas solo podrían poseer propiedades no residenciales destinadas a actividades económicas.

SUMAR DICE QUE LA PROPUESTA ES CONSTITUCIONAL

«Esta propuesta lo que busca es poner freno a la especulación y es una propuesta sencilla, con encaje constitucional, con encaje en el derecho europeo», declaró Ibáñez al presentar la iniciativa en abril. El diputado expresó su confianza en que la propuesta logre el apoyo necesario para su tramitación, describiéndola como «conservadora».

A pesar de que Ibáñez preferiría profundizar en el debate sobre el número de viviendas que puede poseer una persona, reconoció la falta de consenso en el Parlamento sobre este tema. Sin embargo, destacó que existe un amplio acuerdo político, desde la derecha hasta la izquierda, en contra de la especulación inmobiliaria por parte de las empresas y fondos de inversión.

«Estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre y, por tanto, creo que puede gozar de esa mayoría parlamentaria», concluyó Alberto Ibáñez.

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