Este martes, el Congreso de los Diputados discutirá una iniciativa legislativa del PNV para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC). El propósito de esta reforma es asignar al TC la responsabilidad de resolver definitivamente sobre los traspasos de competencias y evitar que los tribunales ordinarios puedan obstruir estos procesos, una situación que se ha dado recientemente con la homologación de títulos universitarios extranjeros.
La propuesta surge tras la decisión del Tribunal Supremo en abril, que revocó la transferencia de esta competencia a Euskadi, previamente acordada con el gobierno central. Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, confirmó en mayo el registro de esta reforma legal y este martes se determinará si procede su tramitación.
La reforma estipula que los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y las juntas de seguridad deben complementar la distribución de competencias, un componente crucial del bloque de constitucionalidad, según el artículo 161.1.c) de la Constitución. Este artículo otorga al TC la facultad de dirimir conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o entre estas últimas.
“Es, por ello, necesario habilitar una instancia procesal que abra la posibilidad a que el Tribunal Constitucional, como el órgano superior en garantías constitucionales que es según el artículo 123.1 Constitución, pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas”, señala la Proposición de Ley.










