El Pleno del Congreso ha dado este miércoles su respaldo a una proposición no de ley impulsada por Sumar que reclama al Gobierno un endurecimiento de la regulación de los créditos rápidos, con especial atención a los de importes reducidos que aplican intereses usureros y arrastran a los deudores a una espiral de pagos inasumible.
En concreto, la Cámara ha aprobado una iniciativa originalmente registrada por Sumar y que ha sido finalmente pactada con PSOE, Esquerra Republicana y Coalición Canaria. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que ha optado por la abstención, y Vox, que ha votado en contra.
En el texto se señala que, en algunos casos, préstamos de entre 50 y 1.000 euros llegan a aplicar intereses del “4.000%”, el “5.000%” o el “59.000% TAE”. Por este motivo, se reclama al Ejecutivo que refuerce el control de las cláusulas abusivas incluidas en los contratos mediante la futura “Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiera”, actuando de forma coordinada con el resto de autoridades administrativas y judiciales competentes.
Otras medidas
La iniciativa también plantea la adopción de medidas para impedir que se cobren costes de financiación desproporcionados o usurarios, la creación de un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo y el refuerzo de la obligación de que, con suficiente antelación a la firma, las entidades que comercialicen créditos al consumo entreguen al cliente información precontractual estandarizada.
Asimismo, la proposición aprobada en la Cámara Baja propone someter a las empresas de crédito al consumo y de créditos rápidos a la supervisión y control del Banco de España, vetar la publicidad de créditos rápidos que ponga el acento en la facilidad para conseguir el dinero y reforzar la vigilancia sobre los prestamistas de crédito al consumo, tanto en la fase de publicidad y comercialización como en la ejecución de los contratos.
Además, el texto incorpora un apartado en el que se solicita que se refuercen los procedimientos de evaluación de la solvencia del consumidor antes de conceder créditos al consumo, con el fin de prevenir situaciones de sobreendeudamiento.