La sesión plenaria del Congreso desestimó la propuesta de ley presentada por Sumar, con la abstención del PSOE, que buscaba modificar la Ley de Vivienda para impedir la adquisición de inmuebles por empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión en territorio español.
La iniciativa contó con el apoyo de ERC, Bildu, Podemos, BNG y Águeda Micó de Compromís, miembro del Grupo Mixto. Por otro lado, el PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria se posicionaron en contra, mientras que el PNV también optó por la abstención, al igual que el PSOE.
Durante el debate que tuvo lugar el martes, Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y promotor de la ley, argumentó la necesidad de esta reforma destacando que la actividad de compra por estos agentes ha superado en más del doble a la registrada en el pico de la burbuja de 2008. Sin embargo, Gabriel Blanco del PSOE señaló que su grupo no se opondría a discutir cualquier iniciativa que contribuya a resolver la problemática habitacional, siempre valorando el esfuerzo del Ministerio de Vivienda.
En cuanto a las opiniones de otros partidos, Maribel Vaquero del PNV expresó sus reservas al considerar que la medida propuesta por Sumar no estaba adecuadamente limitada en tiempo y espacio, cuestionando su ajuste al ordenamiento legal vigente. Marta Madrenas de Junts criticó que la propuesta no solucionaba problemas reales y podría generar más restricciones en el mercado inmobiliario.
Desde el PP, Carlos Gil reprobó la propuesta, y Carlos Hernández Quero de Vox argumentó que la iniciativa podría significar el fin del mercado inmobiliario debido a las restricciones extremas que planteaba.