La iniciativa legislativa sobre la protección de los menores en los entornos digitales, que abarca modificaciones en el Código Penal para sancionar la creación de contenido sexual de menores mediante Inteligencia Artificial y el ‘grooming’, enfrentará este miércoles su primer desafío en el Pleno del Congreso durante el debate de totalidad donde Vox presentará una enmienda para solicitar la supresión de la ley.
Además, la legislación propuesta contempla medidas como órdenes de alejamiento virtual, exámenes pediátricos para identificar usos indebidos y la instalación obligatoria y sin costo de controles parentales en todos los dispositivos digitales.
Vox, en su enmienda a la totalidad revisada por Europa Press, critica el proyecto al considerar que «pretende otorgar, en exclusiva, a las empresas tecnológicas las funciones que deberían corresponder a los padres» y arguye que detrás de esta ley se encuentra «el control político de Internet». Si la enmienda es rechazada, se iniciará el proceso parlamentario de la ley.
«Esta ley es un compromiso del presidente del Gobierno» y marcará un precedente en Europa para «dar respuesta al gran problema social de acceso indiscriminado de menores a las redes y a los entornos digitales», explicó Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.
Según López, la legislación garantiza que «los menores tienen derecho a ser eficazmente protegidos, a la información veraz, al acceso equitativo a los dispositivos y a las conexiones digitales; busca tutelar y garantizar el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen; obliga a los fabricantes a que los terminales móviles dispongan de sistema de control parental efectivo y gratuito y protege de manera muy especial a los menores de la violencia de género y de la violencia sexual».
La norma incluirá de serie el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes para que esté disponible por defecto y se pueda configurar al encender el dispositivo. Asimismo, reforma el Código Penal en cuatro aspectos, incluyendo la prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales de las víctimas con los agresores y tipificando como delito la distribución de material pornográfico a menores de manera indiscriminada, las ‘deepfakes’ de contenido sexual o gravemente vejatorio y el ‘grooming’.
El proyecto también promueve programas de prevención en el ámbito sanitario, incluyendo exámenes para detectar usos problemáticos de la tecnología y cambios en comportamientos o problemas de salud relacionados con un uso inapropiado de las pantallas entre menores. En el ámbito educativo, impulsará la alfabetización digital en todos los niveles educativos para combatir la desinformación y regulará el uso de dispositivos.
La ley también eleva a 16 años la edad para consentir el tratamiento de datos personales en redes sociales y refuerza la Ley General de Comunicación Audiovisual para que grandes operadores y ‘influencers’ con muchos seguidores establezcan canales de denuncia ante contenidos no aptos para menores. Además, se desarrollará una Estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales, liderada por el Ministerio de Juventud e Infancia, que incluirá el etiquetado de contenidos digitales accesible y prohibirá el acceso de menores a ‘loot boxes’ en videojuegos, una medida impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó que la ley pretende «evitar que multinacionales hagan caja mediante la explotación de niños, niñas y adolescentes».