La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde PP y Vox cuentan con mayoría absoluta, someterá a votación este martes las distintas propuestas de los grupos para ampliar los supuestos de gastos electorales de los partidos, fijar reglas para los microcréditos y reducir el 'mailing' de sobres, papeletas y propaganda que se remite a los buzones en cada convocatoria electoral.
Las formaciones han concentrado sus planteamientos en las propuestas de resolución registradas a los informes del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades electorales de las generales de 2023 y de las europeas de 2024. Estos textos se debatirán y votarán en la citada comisión, donde PP y Vox suman mayoría.
En estos documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP apuesta por precisar nuevos conceptos dentro del catálogo de “gastos electorales” del artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
En la actualidad se consideran gastos electorales los dedicados a la confección de sobres y papeletas, a la correspondencia y franqueo, a la propaganda y publicidad directa o indirecta para pedir el voto con independencia del soporte utilizado, al alquiler de locales para actos de campaña, a las remuneraciones o gratificaciones del personal contratado para la misma y a los desplazamientos de candidatos, dirigentes y personal al servicio de la candidatura.
También forman parte de esta categoría los intereses de los créditos solicitados para la campaña, devengados hasta la fecha de cobro de la subvención correspondiente, así como los gastos necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios imprescindibles para las elecciones.
En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que se “especifiquen en mayor medida” las categorías de estos gastos electorales, y ahora el PP recoge esa recomendación y formula sus propias propuestas.
PP, PSOE y Vox plantean cambios en los gastos de campaña
Los 'populares' reclaman que se incluyan como gastos electorales la realización y retransmisión de actos, los desplazamientos vinculados a ellos, la organización de comidas y cenas de campaña, el avituallamiento de interventores y apoderados y el alquiler de espacios destinados a su atención y coordinación.
El PSOE, por su parte, se muestra partidario de reformar la LOREG para incorporar una “regulación más específica de las categorías” de estos gastos, aunque sin detallar medidas concretas. Además, anima a aprovechar la reforma de la LOREG en tramitación en el Congreso para introducir cambios que eviten la “falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir”.
Vox propone que el cálculo de los intereses de los créditos que los partidos contratan para las campañas, y su consideración como gasto reembolsable, se extienda “hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas”.
Asimismo, la formación de Santiago Abascal pide al Tribunal de Cuentas que unifique sus criterios de fiscalización para todos los procesos electorales y que tenga lista la fiscalización de las contabilidades de las elecciones generales en un plazo máximo de seis meses desde su celebración.
Regulación de microcréditos y financiación privada
Entre las iniciativas de Sumar sobresalen las centradas en los microcréditos que los partidos utilizan para sufragar sus campañas, siguiendo las recomendaciones del órgano fiscalizador. Propone que la cuantía máxima por prestamista “no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas”, actualmente fijado en 50.000 euros anuales.
También plantea que los microcréditos se ingresen obligatoriamente en las cuentas bancarias electorales, que el plazo de devolución no supere un año natural desde la fecha de los comicios, que la renuncia al reembolso se formalice preferentemente por vía telemática y que dicha renuncia sea considerada una donación “a todos los efectos”.
Sumar, junto con PP y PSOE, defiende una nueva regulación de los microcréditos y una reforma de la Ley de Financiación de Partidos para que las donaciones privadas realizadas en periodo electoral se entiendan destinadas en todo caso a financiar ese proceso, se sometan a las exigencias de la Ley Electoral y se ingresen en las cuentas específicas abiertas para ello.
Revisión del mailing y alternativas al envío masivo
PSOE y Sumar coinciden con el Tribunal de Cuentas en la necesidad de revisar el actual sistema de envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral, con el fin de reducir costes y consumo de papel. Sumar, no obstante, se muestra más alineado con las recomendaciones del órgano que preside Enriqueta Chicano.
En concreto, Sumar pide evaluar la “eficiencia material y económica” del denominado 'mailing' electoral, teniendo en cuenta que las papeletas y sobres se pueden recoger en los colegios electorales el día de la votación. Además, apuesta por un procedimiento “más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información”, que aporte mayores garantías y permita ahorrar mediante, por ejemplo, la compra centralizada de sobres y papeletas.
En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas recuerda que los partidos deben acreditar que ponen a disposición de los electores todo este material, ya sea mediante envío postal o entregándolo directamente a los votantes en sus sedes o en actos de campaña.
El PSOE, en cambio, se limita a invitar a los grupos a usar la reforma de la LOREG en curso para plantear un nuevo procedimiento de envío de sobres, papeletas y propaganda, sin concretar alternativas como la compra centralizada y manteniendo la referencia a los envíos personalizados.
Preregistro telemático y refuerzos de papeletas
En este marco, los socialistas pretenden que las Cortes insten al operador del servicio postal a implantar un sistema de preregistro telemático de las formaciones que vayan a realizar el envío directo y personal de este material, con el objetivo de identificar “de forma inequívoca” aquellos envíos que resulten subvencionables.
Además, reclaman que el operador postal impulse la tramitación electrónica del depósito de propaganda electoral, tanto en el pago del anticipo a cuenta de los envíos como en su justificación, en la emisión de albaranes y en la posterior facturación a los partidos.
El PP, por su lado, pide al Gobierno que disponga de un número adicional de sobres y papeletas para “hacer refuerzos” en aquellas zonas o municipios donde el 'mailing' “no llega o llega erróneo” por no garantizar Correos su correcta distribución.
Asimismo, los 'populares' quieren que las Cortes insten tanto al Gobierno como al Tribunal de Cuentas a “abstenerse de exigir la sincronización cuantitativa del número de sobres y papeletas electorales confeccionadas con el número de franqueos justificados”, alegando que, en el momento de contratar la impresión de papeletas y sobres, aún no se dispone del censo definitivo y se desconoce el volumen exacto que se depositará en Correos.