QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cristina Ibáñez García, abogada y miembro de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘No Es Mi Cultura’, tiene la responsabilidad de presentar el proyecto que busca excluir la tauromaquia del patrimonio cultural. Su intervención está programada para el próximo martes 23 de septiembre ante la Comisión de Cultura del Congreso.
Desde mayo, los impulsores de la ILP han mantenido encuentros con diversos partidos políticos en el Congreso para recabar apoyos necesarios para anular la ley vigente. Esta normativa prevé que el representante de la Comisión Promotora intervenga ante la Comisión antes de que el Pleno considere el asunto.
Tras la presentación en la Comisión de Cultura, se fijará una fecha para la votación de la ILP en el Congreso que determinará si se toma en consideración o bien decae.
En febrero, se presentaron 715.606 firmas, de las cuales 664.777 fueron validadas por la Junta Electoral Central, significando un aumento del 32,91% respecto a las firmas obtenidas por la ILP taurina de 2012.
Si la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pasa este primer filtro entraría en el procedimiento legislativo ordinario, igual que si fuese un proyecto o proposición de ley.
Posiciones
El PP y Vox están abiertamente en contra de esta ILP, mientras que en el PSOE hay distintas posiciones y en las comunidades de tradición taurina hay un rechazo soterrado.
Por contra, detrás de la iniciativa ciudadana está buena parte de los aliados parlamentarios de los socialistas, como Sumar, IU, Más Madrid, Podemos, ERC, Junts, Verdes Equo, Alianza Verde y el PACMA, entre otras formaciones
«Ningún gobierno que se pueda llamar progresista puede quedarse atrás en este avance hacia un país más libre, más ético, más europeo y más respetuoso con nuestros compañeros de planeta», advirtió en su día la portavoz de Comisión Promotora, Marta Esteban, al entregar las firmas.
El propósito principal de esta ILP es derogar la Ley 18/2013 para eliminar la tauromaquia como Patrimonio Cultural de España, permitiendo que comunidades y municipios decidan sobre la celebración de corridas de toros y eventos relacionados.
Si el Congreso decide retirar la protección a la tauromaquia, estos eventos no recibirán beneficios como el Bono Cultural, según indicó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
