La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha afirmado este jueves en el Congreso que su Departamento no mantiene contratos con Huawei y ha subrayado que, en cualquier caso, los procesos de contratación incluyen suficientes mecanismos de control y se ajustan al marco normativo español y de la Unión Europea.
Ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, la número dos de Defensa ha respondido a las preguntas del PP, que ponía en duda las relaciones contractuales del Ejecutivo con la compañía china. El diputado Rafael Hernando ha recordado que los informes de Seguridad Nacional del propio Gobierno de coalición señalaban en 2023 que “los servicios de inteligencia chinos siguen muy activos en la obtención de información de la Unión Europea y la OTAN”.
Hernando ha añadido que “La estrategia híbrida de China en España tiene dos objetivos. El primero, obtener información política, militar o tecnológica. Y el segundo, la construcción de redes de influencia en la alta esfera del poder político con capacidad para ejercer presión”.
Defensa se alinea con la normativa europea
En su contestación, Valcarce ha reiterado que Defensa “no ha adjudicado contratos a Huawei” en los ámbitos vinculados a la Inteligencia o la Ciberseguridad y ha insistido en que “España aplica un marco sólido y coherente con los objetivos europeos de refuerzo de la ciberseguridad y de protección de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y las comunicaciones”.
Ha recordado que la Comisión Europea presentó en enero un nuevo paquete legislativo en materia de ciberseguridad que contempla la revisión del reglamento vigente para “reforzar la resiliencia de la Unión Europea y reducir los riesgos en las cadenas de suministro en Tecnologías de la Información (TIC) procedentes de proveedores de terceros países que puedan plantear problemas de seguridad nacional”.
Aunque este paquete normativo aún se está tramitando, desde Defensa sostienen que ya se han puesto en marcha medidas alineadas con esos fines y que el Ministerio “garantiza que todos los procedimientos de contratación se desarrollan con pleno respeto a los intereses de la seguridad y la defensa nacional y dentro del marco jurídico vigente”.
Cláusulas de seguridad y supervisión de proveedores
Valcarce ha detallado que en las licitaciones abiertas se incluyen de forma sistemática cláusulas orientadas a salvaguardar los intereses de la seguridad y la defensa nacional, así como la información que se genera en el marco de los contratos, y que estas exigencias afectan a todas las compañías, no únicamente a las de origen chino.
También ha precisado que está regulado el tratamiento y la custodia de la información clasificada del Ministerio de Defensa a la que puedan acceder las empresas adjudicatarias, exigiéndose el compromiso de no revelar, utilizar, ceder ni disponer de esa documentación para fines distintos al contrato sin el consentimiento previo y por escrito del Departamento.
Controles, auditorías y protección de infraestructuras críticas
Según ha explicado, “Estas exigencias se complementan con una política activa de supervisión de proveedores en todos los sectores sensibles, basada en evaluaciones de riesgo para la seguridad nacional, análisis de posibles vínculos con gobiernos extranjeros” por parte del mando conjunto del ciberespacio y el centro criptológico nacional.
Además, ha señalado que “Los contratos incorporan mecanismos de control continuado, auditorías y verificaciones de interoperabilidad con sistemas de la OTAN y de la Unión Europea, así como medidas específicas de mitigación frente a riesgos tecnológicos o geopolíticos”.
En relación con las infraestructuras críticas, ha remarcado que “se exige además la validación previa de los órganos responsables de la seguridad y se excluye a proveedores que no garanticen la trazabilidad y el control nacional de los datos”.