El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, ha aclarado que la futura 'Ley Goodall', orientada a salvaguardar la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de los grandes simios, no busca en ningún caso colocar sus derechos al mismo nivel que los de los seres humanos. Para ilustrarlo, ha comparado esta iniciativa con la norma que otorga personalidad jurídica al Mar Menor, que tampoco implica equiparar la laguna a una persona.
“A mí sí me gustaría que contemplásemos que una ley de derechos de los grandes simios, igual que una ley de derechos de los animales, no está tratando de equiparar derechos entre diferentes cosas, entre personas, animales, naturaleza, igual que la ley que protege al Mar Menor no trata de equiparar al Mar Menor con una persona, pero sí le da personalidad jurídica”, ha señalado.
Además, Becerra ha subrayado que una de las decisiones clave adoptadas en relación con esta futura ley es la necesidad de que vaya acompañada de una memoria económica “que tenga en cuenta el acompañamiento necesario para facilitar el cumplimiento del mandato legal que se produzca el que sea, del mandato legal y del mandato social”.
Estas declaraciones las ha realizado durante la jornada científica “Ciencia, legislación y grandes simios: hacia una normativa basada en la evidencia”, organizada por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuários (AIZA) y celebrada este viernes en el Congreso de los Diputados.
En cualquier caso, ha advertido de que aún es “muy prematuro” concretar el contenido detallado del futuro texto legal. No obstante, ha avanzado que la intención del Ministerio es que recoja “un equilibrio entre el conocimiento científico, el rigor jurídico y el compromiso ético” de la sociedad. “Tiene que ser una ley para la sociedad en la que estamos”, ha recalcado.
Propuesta de prohibir la cría en cautividad
El director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, ha reclamado que el anteproyecto de la Ley Jane Goodall incluya expresamente la prohibición de la cría en cautividad de grandes simios. “(Esta prohibición) es el núcleo primordial que la ley de grandes simios debe legislar, partiendo de la base que todos los artículos de la misma, por supuesto, son esenciales”, ha recalcado.
Pozas ha mostrado su agradecimiento a Derechos Sociales por haberles remitido antes de que finalizara 2025 un “preborrador” de la futura normativa sobre grandes simios, con la que el Departamento de Pablo Bustinduy pretende proteger la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de estas especies.
Dar protagonismo a la evidencia científica
Por su parte, el presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuários (AIZA), Javier Almunia, ha indicado que la entidad ha impulsado esta jornada como ejercicio de transparencia y para reafirmar su compromiso con que la regulación que se está diseñando para los grandes simios se base “en el conocimiento científico y en la evidencia”.
Aunque ha lamentado que los profesionales de zoos y acuarios “habitualmente” perciben una animadversión social en la que se les presenta como “maltratadores”, ha insistido en que con esta cita no se busca reivindicar el papel de AIZA ni destacar “un sector que está altamente regulado”.
“Nuestro objetivo es dar la voz a la ciencia, que creemos que ha sido excluida del debate normativo. Para nosotros es fundamental que estos técnicos estén en el debate del que versa su conocimiento científico: cómo conservar mejor los primates”, ha destacado.
Derechos Sociales trabaja desde el año pasado en la redacción del texto legal de la 'Ley Jane Goodall', “una propuesta pionera” con la que, según el Ministerio, España se situaría como el primer país en reconocer por ley derechos básicos a los grandes simios.
Según avanzó el Departamento en 2025, el borrador tiene como objetivo eliminar el tráfico ilegal de especies como el orangután, el chimpancé, el bonobo y el gorila, además de fijar la prohibición expresa de su tenencia, experimentación o investigación cuando pueda causarles daño o sufrimiento.
Asimismo, la futura ley aspira a vetar su uso con fines comerciales y en espectáculos que vulneren su dignidad, establecer condiciones estrictas para su custodia siempre con fines de conservación y limitar tanto su tenencia como su cría en cautividad en parques zoológicos.