El Ejecutivo reconoce las dificultades para que el PP se abstenga en la ratificación del decreto destinado a fortalecer el sistema eléctrico frente a posibles cortes de luz, cuya votación se realizará este martes en el Pleno del Congreso. Desde Moncloa consideran que hay pocas esperanzas de que la medida prospere, dada la oposición anunciada por Vox, Podemos y el BNG.
Fuentes del Gobierno indican que también podría haber un rechazo por parte de Junts, quienes no han clarificado su postura de voto. Ante este escenario, el Gobierno planea introducir una legislación parecida tan pronto como sea viable.
Entre las disposiciones del decreto se encuentra el aumento de la supervisión del sector eléctrico por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que evaluará trimestralmente las obligaciones de control de tensión de los operadores. Además, Red Eléctrica considerará la implementación de sistemas para regular la tensión y las fluctuaciones de potencia.
Otras medidas incluyen la actualización en la planificación de las redes eléctricas, reduciendo los tiempos de procesamiento y mejorando la conexión de nuevas infraestructuras de generación y consumo, lo que impulsará el desarrollo industrial y la electrificación de la economía. También se promueven iniciativas para fomentar el almacenamiento y facilitar la hibridación de baterías en instalaciones renovables, así como la expansión de las redes de autoconsumo. El decreto reduce además los peajes a la industria electrointensiva en un 80%.
AAGESEN PIDE VOTAR CON RESPONSABILIDAD
En su intervención para defender el decreto ley, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha hecho un llamado a los grupos parlamentarios a votar con «responsabilidad política y altura de miras». Aagesen destacó que su ministerio se ofreció a recibir propuestas para el texto legislativo, pero ni el PP ni Podemos presentaron propuestas ni se reunieron con el Gobierno.
Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, expresó su oposición a la medida, al argumentar que concede más poder a las grandes empresas eléctricas y perpetúa un modelo de transición energética «insostenible y al servicio del oligopolio».