El Pleno del Congreso someterá a debate este martes una proposición no de ley de Sumar que plantea endurecer la regulación de los préstamos rápidos en España, ampliando el alcance de los créditos sujetos a normativa y suprimiendo el actual umbral mínimo de 200 euros.
En su iniciativa, el grupo plurinacional advierte de que en algunos casos estos productos financieros aplican intereses que alcanzan el 4.000%, 5.000% e incluso 59.000% TAE, y que, junto a una escasa transparencia en la comercialización, empujan a los prestatarios a “espirales de pagos imposibles”.
El diputado de En Comú responsable de la propuesta, Félix Alonso, subraya además que la legislación española vigente no contempla reserva de actividad para la concesión de crédito. Esto implica que muchas compañías que otorgan préstamos inmediatos operan fuera de la supervisión del Banco de España y ni siquiera figuran en un registro oficial.
Falta de control y dificultades para reclamar
Esta ausencia de control provoca que, ante posibles abusos, los clientes se encuentren sin una vía clara para presentar demandas, ya que en ocasiones las empresas, al no estar registradas, disuelven la sociedad y desaparecen. La proposición recuerda que algunos tribunales señalan la inexistencia de una normativa precisa o de un criterio objetivo que permita calificar un crédito como usurario, mientras que el supervisor tampoco se pronuncia sobre estos productos.
En este contexto, y a la luz de la Directiva Europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo, Sumar defenderá en el Pleno la puesta en marcha de medidas para regular los créditos rápidos, eliminar su carácter abusivo y reforzar la protección de las personas consumidoras.
Definir la usura y reforzar la supervisión
Para lograrlo, el grupo registra una serie de actuaciones en su proposición no de ley, difundida por Europa Press. En primer término, reclama fijar criterios que determinen qué se considera un préstamo abusivo, así como promover todas aquellas iniciativas dirigidas a impedir costes de crédito desproporcionados o usurarios como los que ya han soportado algunos usuarios.
La propuesta incluye además la creación de un procedimiento de registro y supervisión para todos los prestamistas de crédito al consumo, de forma que solo puedan operar las empresas que acrediten la solvencia necesaria y adopten prácticas respetuosas con el consumidor.
Asimismo, se plantea la obligación de utilizar modelos contractuales específicos para este tipo de financiación que garanticen estándares adecuados de protección, someter a las entidades de crédito al consumo y de créditos rápidos al control del Banco de España y vetar la publicidad de estos productos cuando destaque la facilidad para obtener el dinero por encima de otros elementos como el coste real del préstamo.
Finalmente, Sumar propone coordinar con el resto de administraciones un estudio que emplee todos los medios disponibles, incluida la Inteligencia Artificial, con el objetivo de detectar anuncios, abusos y fraudes relacionados con estos prestamistas y, en su caso, imponer sanciones o iniciar acciones penales cuando se considere necesario.