La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados tiene previsto debatir este jueves una proposición no de ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular, centrada en el incumplimiento del Gobierno en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y en el impacto económico que ello ha supuesto para las universidades públicas.
La iniciativa, consultada por Europa Press, urge al Ejecutivo a proceder "de manera urgente" al abono completo de las cantidades que aún adeuda a las universidades públicas por la aplicación de la reforma de la Ley de la Ciencia, incluyendo tanto las indemnizaciones como los finiquitos del personal investigador afectado.
El Partido Popular plantea que el Gobierno haga público, en un plazo máximo de un mes, un informe detallado remitido a la Comisión de la Cámara Baja en el que se recoja el importe total pendiente de pago, la relación de universidades afectadas y las cantidades que cada una ha tenido que adelantar, así como un calendario de pagos cierto y verificable.
Además, el texto reclama al Ejecutivo que garantice que cualquier futura modificación normativa relativa a los derechos laborales del personal investigador no entre en vigor sin una memoria económica suficiente, la dotación presupuestaria necesaria y la transferencia efectiva de fondos a las universidades para poder asumir esos costes.
En la misma línea, el PP exige que se evalúe y compense el impacto financiero que los retrasos en los pagos comprometidos han provocado en las universidades públicas, mediante la puesta en marcha de mecanismos extraordinarios que impidan recortes en docencia, investigación o en la contratación de personal.
La proposición no de ley también solicita la comparecencia, en el plazo "más breve posible", de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el Congreso "para explicar los motivos del retraso, depurar responsabilidades políticas y detallar las medidas correctoras que garanticen que esta situación no vuelva a repetirse".
Los rectores ya habían reclamado al Ministerio que cumpla el compromiso de asumir los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos, tanto predoctorales como posdoctorales, que estuvieran activos en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia.
De acuerdo con los datos aportados por las propias universidades, los campus han tenido que adelantar 24,5 millones de euros para indemnizar a 9.693 jóvenes investigadores cuyos contratos predoctorales y postdoctorales finalizaron entre 2022 y 2025.
La ministra Diana Morant se comprometió en 2022 a hacerse cargo de la finalización de estos contratos, una medida que alcanza a 18.000 jóvenes investigadores en España y que implica una inversión superior a 60 millones de euros.
Por este motivo, las universidades reiteran al Ministerio que "cumpla con su compromiso de asumir el abono de estas indemnizaciones, y que afecta fundamentalmente a las universidades públicas".