El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes una Proposición no de Ley (PNL) registrada por el Partido Popular con la que pretende que el Gobierno refuerce la protección de las minorías cristianas perseguidas y supedite los acuerdos de cooperación con terceros países al respeto efectivo a estas comunidades.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' reclaman “defender la inclusión de la libertad religiosa y la protección de las minorías cristianas como condición en los acuerdos internacionales de la UE y de España con terceros países, vinculando la cooperación y las relaciones bilaterales al respeto efectivo de los derechos humanos”.
El texto plantea igualmente intensificar la acción diplomática española en defensa de la libertad religiosa y de las comunidades cristianas perseguidas, elevando esta cuestión a una de las prioridades de la política exterior, de la cooperación internacional y de la actuación en el seno de la Unión Europea.
Del mismo modo, el PP insta a promover en el Consejo de Europa, en la Unión Europea y en la Organización de Naciones Unidas (ONU) “la realización de informes y resoluciones firmes de condena de las masacres y persecuciones de cristianos, promoviendo el reconocimiento de estos actos como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.
La propuesta también contempla “apoyar la creación de mecanismos internacionales de investigación y justicia para documentar, juzgar y sancionar a los responsables de ataques, masacres y crímenes cometidos contra comunidades cristianas en el mundo” y reforzar en España campañas de sensibilización y educación sobre la realidad de los cristianos perseguidos, con el fin de impulsar una “cultura de libertad, respeto y tolerancia hacia todas las confesiones religiosas”.
Asimismo, los 'populares' plantean impulsar, a través del Consejo de Europa y de la ONU, medidas específicas de protección para comunidades religiosas en situación de vulnerabilidad, “especialmente en los países donde sufren violencia sectaria o extremismo religioso”, con la finalidad de “prevenir la migración forzosa”.
El PP fundamenta su iniciativa en datos de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), según los cuales más de 5.400 millones de personas viven en países con graves vulneraciones de la libertad religiosa, lo que representa casi dos tercios de la población mundial. A partir de estas cifras, concluye que “el derecho a la libertad religiosa no sólo está amenazado a nivel mundial, sino que se encuentra en serio peligro de desaparecer”.
La PNL recoge también el informe World Watch List 2024 de Open Doors, que examina el periodo del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, y que cifra en más de 365 millones los cristianos que padecen un alto grado de persecución, equivalente a 1 de cada 7 cristianos en el planeta.
Entre los países donde esta situación es más grave, el texto menciona Nigeria, donde “Boko Haram o el Estado Islámico en África Occidental han perpetrado atentados indiscriminados contra iglesias, aldeas cristianas y líderes religiosos”; Pakistán, donde “leyes de blasfemia abusivas se utilizan para justificar agresiones”; India, donde “se han intensificado las campañas de violencia” contra comunidades cristianas; Siria, donde “la población cristiana prácticamente ha desaparecido, y Corea del Norte, donde “la práctica del cristianismo sigue siendo castigada con trabajos forzados o incluso con la pena de muerte”.
Para el PP, este escenario constituye “una auténtica tragedia humanitaria y también cultural, pues la desaparición de los cristianos en esas regiones supone además de una violación de los derechos humanos, una pérdida de una parte esencial de la historia universal”.
En este contexto, el grupo popular sostiene que “España, como Estado comprometido con los derechos humanos y miembro de la comunidad internacional, no puede permanecer en silencio ante esta tragedia. Más allá de la visibilización, es necesario adoptar medidas concretas que contribuyan a detener las masacres, proteger a las víctimas y promover la justicia internacional frente a estos crímenes atroces”.