El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma de la Ley de Memoria Democrática que permite compensar económicamente a las personas asesinadas o que padecieron lesiones graves por la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978. La convalidación ha salido adelante con el respaldo de los socios habituales del Gobierno, la abstención de Junts y el voto en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
La norma, que se tramitará como proyecto de ley, ha recibido el apoyo de Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG tras las conversaciones mantenidas con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Estos grupos han condicionado su respaldo a que sus propuestas se incorporen posteriormente durante el trámite parlamentario.
Torres ha solicitado de forma expresa que las enmiendas se registren en un plazo de dos o tres semanas, aunque ello no implica que vayan a prosperar. En esta legislatura son numerosos los proyectos de ley procedentes de decretos que han quedado bloqueados en el Congreso, incluso contando con enmiendas ya presentadas.
Ampliación del periodo y del plazo para pedir las ayudas
Podemos, Bildu y el BNG han insistido en la conveniencia de extender el periodo temporal previsto en la reforma para que también puedan ser objeto de indemnización los fallecimientos o lesiones incapacitantes ocurridos hasta el 31 de diciembre de 1983, dado que la propia Ley de Memoria reconoce que pudieron producirse vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha.
Esquerra ha explicado que ha cerrado un acuerdo con Torres por el que el Gobierno se comprometería a aceptar ese nuevo límite temporal, a ampliar el plazo para solicitar las compensaciones —que pasaría de uno a tres años— y a revisar los requisitos de acceso, flexibilizándolos para evitar lo que consideran “exclusiones injustas” y garantizar que casos emblemáticos de la represión, como el de los familiares de Salvador Puig Antich, puedan ser reconocidos.
Preguntado por ese pacto para extender la aplicación hasta el 31 de diciembre de 1983, el ministro ha admitido que ese es el compromiso trasladado a ERC, si bien ha subrayado que el texto deberá superar el trámite parlamentario y recabar el respaldo de los distintos grupos.
Al mismo tiempo, Torres ha mostrado su malestar por el rechazo de Vox y, de forma particular, del PP. “No se entiende que un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia”, ha señalado en los pasillos del Congreso.
La posición de Junts y el debate sobre las bandas armadas
“Ellos creían que con sus votos en contra y el de algún partido más esto iba a decaer, pero les ha salido el tiro mal y yo me alegro muchísimo por la democracia y por las personas que van a recibir esta compensación”, ha añadido el ministro.
Durante la discusión en el hemiciclo, Junts no había avanzado el sentido de su voto y un rechazo por su parte habría supuesto la derogación del decreto ley. El diputado de Junts Josep María Cervera ha criticado que, con esta reforma, el Ejecutivo haya dado un “salto hacia atrás” al dejar fuera de la ley a los “guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas”.
En su opinión, es “legítimo” cuestionarse “si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura”.
García Caparrós y la ampliación del marco temporal
Con la modificación legal convalidada este jueves, en vigor desde comienzos de marzo, podrán recibir indemnización casos como el de Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía durante una manifestación por el Estatuto de Autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977.
La Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada a iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya preveía compensar a las personas fallecidas en defensa de la democracia, pero sólo contemplaba a quienes murieron entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, año en que se aprobó la Ley de Amnistía.
Aquellas indemnizaciones se desarrollaron mediante un decreto ley de 2008, que también reconocía como beneficiarios a quienes sufrieron lesiones incapacitantes en el marco de su lucha por las libertades y los derechos fundamentales.
Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática de 2022, impulsada ya por el Gobierno de Pedro Sánchez, derogó íntegramente la norma de 2007 y dejó fuera de la nueva regulación a las personas fallecidas y a las víctimas de lesiones graves durante la represión del tardofranquismo. Para subsanar esa situación, el Ejecutivo ha modificado ahora la ley incorporando una disposición adicional que ampara a este colectivo y amplía el periodo de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.
Cuantías de las indemnizaciones y exclusiones
El decreto ley también actualiza las cuantías fijadas en 2008. Los beneficiarios de las personas fallecidas en las circunstancias descritas podrán percibir 250.000 euros, “en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte”. La norma excluye de forma expresa a los miembros y familiares de miembros de “bandas o grupos armados terroristas”.
Entre los posibles perceptores se incluyen los hijos, el cónyuge o quienes hubieran convivido con la víctima con una relación de afectividad análoga, y de manera subsidiaria, en ausencia de los anteriores, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona, siempre que no se haya cobrado ya una indemnización por los mismos hechos, sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan.
En el caso de quienes sufrieron lesiones incapacitantes, las compensaciones se elevan a 180.000 euros para la incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros cuando las secuelas supongan una gran invalidez.