El Pleno del Congreso ha dado este jueves el visto bueno, sin ningún voto en contra, a la petición de avocación del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como la normativa de dependencia.
La iniciativa ha prosperado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de EH Bildu, que ha optado por la abstención.
Con esta decisión, el hemiciclo se reserva para sí la tramitación completa de la reforma, asumiendo de forma directa el debate y la votación final de los cambios legales, y dejando al margen el trámite ordinario en la comisión parlamentaria competente.
El pasado mes de diciembre, la Cámara Baja ya había acordado admitir a trámite la propuesta de modificación de las leyes de discapacidad y dependencia, una reforma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y respaldada por numerosas organizaciones de la sociedad civil.
Durante su intervención en la tribuna del Congreso, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, subrayó que "es una ley de país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de la discapacidad y la dependencia", y remarcó que el texto pretende dar respuesta a los desafíos del reto demográfico al que se enfrenta España.
Entre sus principales novedades, el proyecto elimina el régimen de incompatibilidades entre diversas prestaciones de dependencia y suprime el plazo suspensivo máximo de dos años para el cobro de las prestaciones económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar.
La futura ley también consagra la teleasistencia como un derecho y prevé el reconocimiento automático del grado de discapacidad para quienes obtengan previamente el reconocimiento de una situación de dependencia.
Igualmente, la norma introduce obligaciones específicas para garantizar la accesibilidad universal en ámbitos como la sanidad, la vivienda, las entidades locales y el patrimonio histórico, y crea un fondo económico de carácter público destinado a sufragar las actuaciones de eliminación de barreras.
En coherencia con la reforma del artículo 49 de la Constitución, el texto incorpora una referencia expresa a la realidad de las mujeres con discapacidad y reconoce la atención temprana como un derecho subjetivo para todas las niñas y niños.