El Congreso decide hoy el futuro de los decretos de pensiones y ayudas al transporte en plena incertidumbre política

El Congreso vota hoy los decretos de pensiones y transporte, con PP, Vox y Junts amenazando su continuidad y reeditando el choque con el Gobierno.

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El Congreso decide hoy el futuro de los decretos de pensiones y ayudas al transporte en plena incertidumbre política

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Los decretos leyes sobre las ayudas al transporte público y el denominado ómnibus, que aglutina distintas medidas del llamado “escudo social” —entre ellas la revalorización de las pensiones para 2026— se someten este martes a votación en el Pleno del Congreso, con su continuidad en el aire por el rechazo ya anunciado de PP y Vox y las críticas de Junts. Estas tres fuerzas suman mayoría absoluta y hace un año ya hicieron caer un decreto similar.

El Consejo de Ministros dio luz verde a estos textos el pasado 23 de diciembre y entraron en vigor tras su publicación, pero su vigencia definitiva queda ahora en manos de la Cámara Baja, que deberá decidir si los convalida o los deroga.

Uno de los decretos es el ómnibus del “escudo social”, que contempla, entre otras cuestiones, la revalorización general de las pensiones en un 2,7%, una medida respaldada por buena parte de la oposición. Sin embargo, el paquete incluye también la prohibición de desahucios y de cortes de agua, luz y gas para personas vulnerables, aspectos que generan reservas en formaciones como Junts y PNV.

El otro decreto en liza extiende la bonificación al transporte público a partir del 1 de enero y durante todo 2026, además de regular el abono único de transportes para todo el territorio nacional.

El PP rechaza ambos decretos y denuncia un “popurrí” de medidas

En un contexto de aritmética parlamentaria muy ajustada para el Gobierno, el PP ya ha confirmado que votará en contra de los dos decretos. El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, ha justificado este rechazo al ómnibus porque, a su juicio, constituye un “popurrí” con el que el Ejecutivo pretende sacar adelante “muchísimas medidas” aprovechando la inclusión de la subida de las pensiones.

“No puede ser el juego que utiliza el Gobierno para conseguir lo que de otra manera no tienen mayorías para conseguir. Los pensionistas no son rehenes del Gobierno (...) nuestro voto evidentemente será un no”, ha afirmado Bravo.

Junts comparte el malestar por la fórmula elegida y considera un “chantaje” que la revalorización de las pensiones se tramite en un decreto ómnibus con disposiciones de muy distinta naturaleza. Por ello, la formación independentista ha registrado una proposición de ley que recoge únicamente la actualización de las pensiones de jubilación para este año.

Dudas sobre las ayudas al transporte y críticas por la gestión ferroviaria

Respecto al decreto que prorroga las ayudas al transporte, el PP también ha avanzado su voto en contra, alegando que los recursos destinados a estas bonificaciones deberían dirigirse a reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Junts, que tras romper con el Gobierno en noviembre avisó de que no respaldaría ninguna iniciativa del Ejecutivo, y también Podemos, mantienen en suspenso su apoyo al texto entre reproches al Gabinete. La formación catalana ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Parlamento “por la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña”, mientras que Podemos ha reiterado sus críticas al Gobierno por la situación de la vivienda.

En cuanto a Vox, el partido que lidera Santiago Abascal no ha desvelado aún el sentido de su voto, aunque suele oponerse a las iniciativas del Ejecutivo de coalición, al que califica de corrupto. Además, ya ha registrado una petición de cese del ministro de Transportes por la responsabilidad política que le atribuye en el siniestro ferroviario de Córdoba, que ha dejado 45 personas fallecidas.

Hace un año, PP, Junts y Vox ya unieron fuerzas para derribar otro decreto ómnibus, reprochando al Gobierno que mezclara múltiples medidas en una sola norma, lo que obligó al Ejecutivo a presentar semanas después un nuevo decreto más acotado.