La Comisión de Defensa del Congreso tiene previsto debatir y someter a votación este lunes una proposición no de ley impulsada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG. La iniciativa reclama al Gobierno una investigación “exhaustiva e independiente” de ámbito estatal sobre los abusos y malos tratos que habrían padecido numerosos jóvenes durante el servicio militar obligatorio en las décadas de 1980 y 1990.
Según el texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, los grupos firmantes se basan en “numerosos testigos” que en los últimos meses han hecho públicos relatos sobre “situaciones sistemáticas de vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas” sufridas por reclutas en distintos cuarteles del país.
La propuesta menciona también “numerosas muertes” producidas en “circunstancias no suficientemente aclaradas” y alude a más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001, año en que se suprimió la ‘mili’, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa.
Los partidos promotores sostienen, sin embargo, que diversas investigaciones periodísticas y los testimonios de familiares apuntan a que el número real podría ser mayor, sobre todo si se incluyen las muertes registradas entonces como “accidentales”.
En la iniciativa se subraya que “diversas familias han conocido años después que la muerte de sus hijos había sido un suicidio vinculado a los abusos y vejaciones sufridos durante la estada en los cuarteles”, un extremo que los socios parlamentarios habituales del Gobierno ponen de relieve para justificar la apertura de una investigación específica.
No son casos aislados, según los grupos
Los partidos firmantes recalcan que estos episodios “no responden a episodios aislados, sino a una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos”.
A su juicio, “la falta de investigaciones exhaustivas, el silencio institucional durante décadas y la absencia de mecanismos de reconocimiento y reparación han agravado el sufrimiento de las personas afectadas”.
Por ello, Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG solicitan la puesta en marcha de una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” que abarque la recopilación de datos sobre suicidios, fallecimientos en circunstancias no aclaradas y denuncias de abusos ligados al servicio militar obligatorio. El mandato incluiría el estudio de posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares, así como la revisión de los sistemas de control vigentes en aquel periodo y de sus deficiencias.
Al mismo tiempo, y al amparo de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, los grupos piden que esta institución abra actuaciones de oficio para esclarecer lo ocurrido en la ‘mili’ durante los años 80 y 90. Consideran “necesario” activar de forma oficial este cauce para “contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de las víctimas y al impulso de medidas de reparación, promoviendo que el alcance estatal de la cuestión sea asumido por los órganos competentes”.
La iniciativa plantea además que, una vez constatados los hechos, el Estado reconozca “públicamente” a todas las víctimas, articule mecanismos de reparación “moral, simbólica y económica”, asegure el acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico a las personas afectadas y sus allegados, y formule recomendaciones para impedir que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.