El Pleno del Congreso afronta este martes, 24 de febrero, el debate y la votación de una proposición de ley registrada por Sumar que busca impedir los despidos colectivos en compañías que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a países situados fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo.
En esta sesión, la Cámara únicamente resolverá si el texto supera o no el trámite de admisión. En caso de obtener luz verde, se abriría el proceso legislativo ordinario, con la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios, de modo que la aprobación definitiva y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no se producirían hasta dentro de varios meses.
El grupo plurinacional sostiene que la iniciativa pretende blindar el empleo en casos como el de Sekurit, una de las dos factorías que la multinacional francesa del vidrio Saint Gobain mantiene en Avilés, inmersa actualmente en un despido colectivo que, según Sumar, culmina un proceso en el que una parte relevante de la producción se ha desviado a plantas situadas fuera de la Unión Europea.
La formación también señala a compañías como “Zara o H&M” y al conjunto del sector textil, que, según argumenta, ha sufrido sucesivas oleadas de deslocalizaciones que han llevado a que una porción significativa de la fabricación se concentre “en países que no consiguen garantizar los derechos mínimos de las personas trabajadoras”.
Con el fin de reducir el impacto social de estos movimientos empresariales, Sumar plantea una norma centrada en asegurar los derechos laborales en los procesos de deslocalización y en las operaciones de transmisión de unidades productivas.
“Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo”, advierte la formación en el texto registrado.
Modificación del Estatuto de los Trabajadores
La propuesta de Sumar pasa por incorporar una nueva disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores para prohibir que las empresas que trasladen su actividad fuera de la UE puedan recurrir a despidos colectivos o a extinciones de contrato por causas objetivas, así como a modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o a la inaplicación de lo pactado en los convenios colectivos cuando estas medidas estén relacionadas con dichos traslados.
Además, el texto incorpora un apartado que obliga a las empresas que deslocalicen su producción y que en los cuatro años anteriores se hayan beneficiado de medidas asociadas a uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo o a la activación del Mecanismo RED, a devolver las ayudas o ventajas obtenidas.
En paralelo, el grupo confederal plantea otra disposición adicional para “garantizar la transparencia” en las operaciones de venta o transmisión de empresas y de unidades productivas, de forma que se facilite información detallada a la plantilla y se reconozca la participación de los sindicatos en las negociaciones y acuerdos entre la parte compradora y la vendedora.
Según Sumar, con estas modificaciones se reforzaría el principio constitucional de democracia en la empresa y, al mismo tiempo, se protegerían los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras ante situaciones de crisis empresarial y procesos de reestructuración.